Los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga Blandón y Juan Sebastián Chamorro serán enjuiciados el próximo martes, 15 de febrero. Ese mismo día enfrentarán a la justicia orteguista los líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) Violeta Granera Padilla, Tamara Dávila Rivas, José Pallais y el empresario José Adán Aguerri.
Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, dijo a Artículo 66 que el proceso contra su cónyuge es una «farsa judicial». «Lo que estamos viviendo es una farsa judicial y es la continuidad de los ocho meses de un proceso ilegal», enfatizó.
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«Considerando los juicios anteriores, donde el régimen ha usado los juicios como herramienta política para condenar a cualquier persona, anticipamos que Juan Sebastián será condenado. Seguimos demandando la liberación inmediata, incondicional y con garantías de nuestros familiares porque son inocentes», añadió.
Chamorro fue detenido el pasado ocho de junio de 2021 en sus vivienda en Intermezzo del Bosque en Managua. Su casa fue allanada, lo golpearon y trasladaron en una patrulla policial. Tras ese suceso, su esposa tuvo que salir del país y ha emprendido una gira internacional de denuncia por la liberación del preso político. Durante su encierro ha perdido peso.
Félix Maradiaga fue detenido el ocho de junio de 2021, luego de comparecer a una «entrevista» al Ministerio Público. Al momento de su captura, el también integrante de la Unab fue golpeado por efectivos policiales. Desde su encierro ha perdido unas 50 libras, según sus familiares.
Simulando un retén de rutina, fue sacado de su vehículo con violencia en medio de golpes y amenazas de muerte, según relató su abogado Róger Reyes quien lo acompañaba al momento de la aprehensión y que actualmente es parte de la lista de 45 nuevos presos políticos en Nicaragua.
Violeta Granera Padilla fue detenida el ocho de junio de 2021 en horas de la noche en su vivienda en Carretera Sur. Desde que fue aprehendida ha perdido 25 libras de peso, presenta problemas en su dentadura y estómago, por lo tanto, le cuesta ingerir alimentos.
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El empresario José Adán Aguerrí fue detenido arbitrariamente el ocho de junio por agentes policiales al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 24 de junio de 2021, emitió una resolución en la que ordena al Estado de Nicaragua liberar al integrante de la Alianza Cívica y a otros tres líderes de la oposición (Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y Félix Maradiaga).
Tamara Dávila fue detenida de manera arbitraria el 12 de junio de 2021, cuando efectivos de la Policía al servicio de la tiranía Ortega-Murillo allanaron su vivienda sin orden judicial. Desde entonces, se encuentra en prisión y solo ha recibido cinco visitas en más de 200 días de encierro. Dávila ha pedido ver a su hija, pero le niegan ese derecho.
«Hemos denunciado las constantes y continuas violaciones al debido proceso, arbitrariedades, ilegalidades, violaciones a los derechos humanos a nuestras familiares (Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil) y a todos los presos políticos. Creemos que todos estos juicios son nulos. Son todos inocentes. Lo único que cabe aquí en la nulidad de los juicios y sobreseimiento definitivo», dijo Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara.
La opositora señaló que ante un sistema totalmente viciado, ante un Poder Judicial instrumentalizado y al servicio de los intereses políticos de la dictadura, «nosotras esperamos que el resultado será el mismo que en el resto de los juicios políticos. Nuestra lucha es por la liberación absoluta e incondicional y con garantías».
El abogado y exdiputado José Pallais Arana fue detenido el nueve de junio de 2021 en su casa en León. Su esposa, Jilma Herdocia, denunció que ha perdido unas 50 libras de peso y que recibe muy pocas horas de sol en la semana. Ha desarrollado diversas enfermedades propias del encierro y ya padecía algunas crónicas.
Las autoridades judiciales acusan a Granera, Maradiaga, Aguerri, Dávila, Chamorro y Pallais del supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
