La presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, afirmó que a los estudiantes de las universidades confiscadas únicamente se les aplicará una «reducción de aranceles», pero deberán seguir pagando por la educación, contrario a la propaganda en redes del régimen orteguista.
«La situación económica no nos permite decir que (las nuevas universidades) van a ser gratuitas 100%, porque tenemos un presupuesto (limitado). Ayer (ocho de febrero) estuvimos revisando el presupuesto para hacer una reforma y que cada universidad tenga su presupuesto del Estado, que es el 6%, y también el aporte que hagan las familias a través de un pago mensual», afirmó la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
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Rodríguez añadió que «estamos en función de que se reduzcan esos pagos mensuales que se requieren para garantizar sostenibilidad de las instituciones, pero que sea un pago que esté en correspondencia con las condiciones económicas de nuestro país». Para la funcionaria orteguista, la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar y crear nuevas universidades significa un «fortalecimiento de la educación superior» en el país.
Los estudiantes de las universidades canceladas han manifestado en redes sociales que las autoridades aún no les brindan información sobre el pago de los aranceles. Demandan que sean eliminados, ya que ahora las instituciones serán controladas por el Estado. Además, han expresado estar en incertidumbre en cuanto a las medidas que tomará la nueva administración.
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Fanáticos orteguistas han iniciado su campaña promocionando «una educación gratuita y de calidad» y culpando a las universidades privadas de ser «solo un negocio» afirmando que «la educación deber ser gratis y las universidades son del pueblo».
Recientemente los movimientos latinoamericanos de Venezuela, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y Argentina, en conjunto con la Coordinadora Universitaria por la Democracia y Justicia (CUDJ), rechazaron la decisión del régimen de cancelar las personalidades jurídicas de las universidades privadas. Denuncian que se trata de «una grave violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad» y a su vez merma los espacios «para la producción del conocimiento científico y crítico, indispensable en las sociedades democráticas».
