Movimientos latinoamericanos de Venezuela, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y Argentina, en conjunto con la Coordinadora Universitaria por la Democracia y Justicia (CUDJ), rechazaron este jueves la decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar las personerías jurídicas de cinco universidades privadas, y demandaron al Estado garantizar la continuidad académica a los estudiantes afectados.
Los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialistas, sorprendieron este miércoles al despojar de su personalidad jurídica a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Pablo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) y otras asociaciones vinculadas a la Iglesia católica.
En tiempo récord, 24 horas más tarde, la dictadura a través del Ministerio de Gobernación ordenó la ilegalización de siete universidades más, originarias de Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Con estas sumarían 12.
«Rechazamos categóricamente la cancelación de la personalidad jurídica a las universidades privadas del país. Nos solidarizamos con los miembros de la comunidad universitaria que se ve afectada por la cancelación de la personería jurídica de sus centros de estudio. Le recordamos al Estado de Nicaragua que el acceso a la educación es un derecho humano establecido», escribieron en un comunicado los grupos estudiantiles.
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#Pronunciamiento sobre la reciente cancelación de personerías jurídicas y reducción presupuestaria en #Nicaragua 📝
— Coordinadora Universitaria – Democracia & Justicia (@CudjNicaragua) February 3, 2022
👉🏽Suscrito por movimientos latinoamericanos de Venezuela, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y Argentina.
¡A la libertad por la Universidad! pic.twitter.com/kODTnbzp3Q
Los jóvenes exigieron la dictadura garantizar a los estudiantes afectados que finalicen sus estudios universitarios y demás derechos que les confiere la constitución política de Nicaragua y los derechos humanos internacionales. Enfatizaron que «las libertades académicas y el pensamiento crítico son fundamentales para la educación de calidad».
En el documento los estudiantes latinoamericanos remarcaron que la ilegalización de estas universidades representa “una grave violación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación de calidad”, y a su vez merma los espacios “para la producción del conocimiento científico y crítico, indispensable en las sociedades democráticas”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) a través de un vídeo compartido en sus redes sociales señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), “prácticamente está aplicando de la manera más perversa la estrategia de exterminio generalizado, lo que, en épocas de Somoza y en un contexto de guerra, se llamó tierra arrasada”.
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Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) informó este miércoles que garantizará la continuidad académica de los estudiantes de estas cinco universidades; y al igual que ocurrió con la extinta Uhispam, el órgano rector será quien se encargue de administrarlas, según confirmó a los medios oficialistas su presidenta, Ramona Rodríguez.
Todas las cancelaciones de las universidades en Nicaragua se han realizado bajo el argumento de supuesto incumplimiento en la entrega de informes financieros al no reportarlos por más de 10 años. Gobernación señala que las universidades tienen un plazo de 72 horas para entregar los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables, libros de actas y libro de registro de miembros, para su resguardo.
“El Estado nicaragüense, liderado por el régimen Ortega-Murillo, pretende anular la participación de los ciudadanos en la discusión de los asuntos públicos, erradicar cualquier pensamiento crítico, por lo que instamos a la comunidad educativa nacional e internacional a ser solidarios en este momento tan crítico y seguir defendiendo la libertad académica, autonomía universitaria, los derechos humanos y la democracia”, finaliza el comunicado.