El sancionado ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, informó que, entre los acuerdos suscritos entre la República Popular China y Nicaragua, la empresa China Comunications Construction Company Limited (CCCC South), invertirá 564.1 millones de dólares en proyectos de energía renovable en el país, según reporta el oficialista Informe Pastrán.
En dos proyectos de energía solar e hidroeléctrica se invertirán 357.4 millones de dólares en Matagalpa. El proyecto hidroeléctrico «Mojolka» estará ubicado en el río Tuma en Matagalpa, por un costo de 251.3 millones de dólares. El segundo proyecto de energía solar denominado «El Hato» y se instalará en Terrabona por un monto de 106.1 millones de dólares.
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«Además, invertirán US$ 101.6 millones para nuevas líneas de transmisión eléctrica entre los municipios de Terrabona; Mulukukú y Boaco. Otros US$ 40 millones en el sistema de gestión comercial y distribución eléctrica y US$ 8 millones para la construcción y modernización del Centro Nacional de Despacho de Carga», detalla el sitio propagandista.
Tras el negocio de los autos eléctricos
La compañía china también destinará 49.1 millones de dólares para «apoyar» al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el «proyecto de movilidad eléctrica» para «promover la introducción de vehículos eléctricos en el país». La inversión estaría destinada para crear la infraestructura de carga, capacidad de operación y mantenimiento de la tecnología.
El pasado primero de febrero, la dictadura envió una iniciativa de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, Ley 554, con la que el régimen pretende exonerar de impuestos la adquisición de vehículos eléctricos y sus repuestos. Vehículos con los que la dictadura ha premiado a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y pretende implementar el uso de estos en el país.
La reforma energética establece la adición de literales g,h,i,j,k,l y cuatro párrafos finales al artículo 3 y un nuevo artículo 3 bis de la Ley número 554, con los que fija la exoneración de la Declaración Aduanera de Importación (DAI), el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y deI Impuesto al Valor Agregado (IVA) con base en el valor aduanero (CIF); y por un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Según Mansell, también se invertirán ocho millones de dólares para el «fortalecimiento con un Centro de Datos para la gestión y operación de la red de telecomunicaciones y la ampliación de la cobertura con sistemas de micro ondas en sitios remotos con cobertura limitada» en Corn Island y San Juan de Nicaragua.