El Consejo Nacional de Universidades (CNU) intervino oficialmente la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) desde el viernes, cuatro de febrero. La junta interventora del CNU organizó una reunión con todo el personal administrativo para informarles la forma en que continuarán trabajando, reveló una fuente extraoficial a Artículo 66.
Durante el encuentro, el rector de la Upoli, Norberto Herrera, le aseguró a los docentes y trabajadores de la casa de estudios que habrá «estabilidad laboral» y luego se retiró del recinto central en Managua. El «interventor» del CNU dijo al personal que «el programa continúa y ahora se llamara “Proyecto de continuidad educativa ante Upoli”. Fue una reunión informativa con la junta interventora del CNU», dijo la fuente.
«No sabemos en manos de quién estamos. Aunque el interventor del CNU se haya presentado, la Ley creadora del CNU no le da esa “cobija” (facultad) que se pone hoy. El CNU fue creado para darle a las universidades asesoría técnica para la apertura de nuevas carreras, pero nunca fue hecho para representar al Estado como interventor», agregó.
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«El papel de la junta interventora es liquidar, pero en la Upoli no hay una liquidación. Si ellos van a seguir con los planes de estudios de la Upoli, bajo el mismo nombre, y no dicen que van a correr el personal, básicamente lo que están haciendo es quedarse con la universidad, adjudicarse una universidad y el Estado no tiene derecho a adjudicarse una universidad y quitar los edificios. El Estado está haciendo lo que le da la regalada gana hacer», criticó.
Puestos laborales en incertidumbre
Los trabajadores y docentes están bajo incertidumbre por el futuro de sus puestos laborales. La fuente aseguró que «hay más preguntas que respuestas». «Si estuviéramos en un Estado de derecho, el Estado no puede allanar una universidad por el simple hecho de tener una Ley de Autonomía Universitaria», manifestó.
«El Gobierno se está enterrando solo el cuchillo por haber hecho este exabrupto, este adefesio jurídico que hicieron de quitar la personería jurídica a 12 universidades», agregó. Unas 500 personas quedarían en el desempleo de concretarse una «barrida» en la Upoli. Solo del recinto central son casi 300 trabajadores. Los otros 200 están distribuidos en las sedes departamentales de Rivas, Boaco y Estelí. «El Estado no puede adjudicarse un bien privado. Es lamentable», adujo.
Se apoderan de correos institucionales
La fuente denunció que en los pasillos de la universidad caminan policías vestidos de civil en actitud intimidatoria. También reveló que el mismo día del encuentro con la junta interventora del CNU le fueron entregados los accesos y control de los correos institucionales y la plataforma educativa de la universidad, así como el dominio de las redes sociales, las que no se actualizan desde el día miércoles cuando le fue arrebatada la personalidad jurídica a la casa de estudio superior.
El dos de febrero la Asamblea Nacional, dominada por el régimen Ortega-Murillo, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de cinco universidades privadas: Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanístico (UNEH), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
Según la propuesta de cancelación discutida y aprobada por el Parlamento, las organizaciones no cumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, lo cual «promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos».
La Upoli fue uno de los bastiones de la revuelta cívica de 2018, desde el 19 de abril fue tomada por los estudiantes como símbolo de protesta por la reforma al seguro social aprobada por la dictadura Ortega-Murillo. Los jóvenes repelieron los ataques de paramilitares y policías que intentaron sofocar la manifestación a sangre y fuego. Varios atrincherados fueron asesinados en las barricadas en los diferentes ataques conjuntos de fuerzas policiales afines a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
