El Ministerio de Gobernación (Migob) canceló los registros y números perpetuos asignados a siete universidades originarias del exterior, cuatro de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá.
El Ministerio alegó supuesto incumplimiento de las leyes de Nicaragua que regulan a los organismos sin fines de lucro, al no reportar por más de diez años sus estados financieros y demás información.
En menos de 24 horas, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a 12 universidades a nivel nacional.
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Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) solicitaron a la Asamblea Nacional el retorno legal a su alma máter y todas las otras entidades que fueron despojadas de su personería jurídica.
A través de un comunicado, los universitarios les piden a los diputados que «hagan conciencia» de los esfuerzos sumados por años de parte de la comunidad educativa para darle el prestigio al centro de enseñanza. También demandaron que se mantengan los puestos de trabajo y de dirección de esa universidad, así como el historial académico de los estudiantes. Sostuvieron que, además, no quieren «sometimiento» de índole política.
La abogada María Asunción Moreno Castillo, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que con la cancelación de otras siete universidades se está atentando contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el derecho a la educación.
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El preso político Alexis Peralta, de 48 años, originario de Condega, Estelí, es procesado por tuitear contra la dictadura. Peralta ha sido un crítico de la dictadura de Ortega y Murillo desde hace más de una década y según registros periodísticos, en 2011 le fue cancelado el Canal 15 Condega TV, una frecuencia local en el departamento del norte del país.
El ciudadano fue arrestado el seis de noviembre de 2021 y bajo un arbitrario proceso judicial es señalado de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Su juicio se estaría realizando la próxima semana.
La mesa de negociación del salario mínimo acordó un ajuste del siete por ciento para los distintos sectores de la economía nacional. El Gobierno junto a empresarios y trabajadores, la mayoría sandinistas, acordaron el incremento que será aplicado a partir del mes de marzo.
Con este reajuste, el salario mínimo promedio rondará los 6,900 córdobas, equivalente a unos 450 córdobas de incremento. Incluso con el aumento, el salario mínimo no alcanza ni el 60 por ciento de la canasta básica.
Los opositores y presos políticos Dora María Téllez y Lesther Alemán comparecieron jueves ante la justicia del régimen de Daniel Ortega. La exguerrillera sandinista, miembro de la organización Unión Democrática Renovadora (Unamos) y el dirigente estudiantil de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) son acusados de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Dora María, de 66 años, la comandante Dos, luchó para que Daniel Ortega, el actual dictador de Nicaragua, fuera liberado durante la dictadura somocista y ahora es él quien ordenó su cautiverio indefinido y la acusa de «conspiración» y «traición a la patria», dos delitos inventados por el régimen para perseguir a los opositores.
Lesther Alemán, de 24 años, es el joven que increpó al dictador Ortega, durante el inicio del fallido diálogo nacional de 2018. Antes de su detención, Alemán dijo a medios de comunicación, que temía por su vida y por eso preparó a sus padres para «dos escenarios: la cárcel o la muerte».
El caso de Téllez, que la oposición ha calificado de «venganza política», estuvo a cargo Ángel Jeancarlos Fernández González mientras que el de Alemán fue delegado a Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, encargada del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencias. Ambos líderes fueron declarados culpables y la Fiscalía pidió la pena máxima de 15 años al igual que la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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La justicia del régimen no permitió a Alemán que tomara la palabra. Sin embargo, a la historiadora sí se le respetó su derecho, momento que aprovechó para denunciar las violaciones que ha padecido durante siete meses en prisión como el aislamiento y la privación de entrevistas con defensa.
«Daniel Ortega ni Rosario Murillo son el Estado de Nicaragua. Esta es una República, y no una monarquía. Presa o libre voy a seguir luchando», recoge Confidencial que dijo la presa política.
