La Universidad Thomas More (UTM) informó a su comunidad universitaria que no existe ningún lazo con las asociaciones educativas ilegalizadas por el Ministerio de Gobernación y aclaró que la casa de estudios se constituyó en Nicaragua desde hace 25 años, mientras la asociación costarricense que lleva ese mismo nombre fue inscrita desde el 11 de junio de 1999, con número perpetuo 1351.
En un comunicado, publicado este tres de febrero en redes sociales, la rectoría del Alma Máter, aclaró que en «referencia a la publicación en La Gaceta No. 22 con fecha de tres de febrero del 2022, nos permitimos aclarar a la la comunidad educativa, padres de familia de la Universidad Thomas More y al público en general, que la Asociación mencionada en dicha publicación y en las redes sociales de los medios de comunicación no tiene ninguna relación con nuestra institución».
Según el centro de estudios superiores, ellos están constituidos en Nicaragua y señalan que la universidad es la misma que funciona desde hace veinticinco años en el país; por lo tanto, se desligan de unas de las siete instituciones educativas aniquiladas por el régimen de Daniel Ortega, que lleva por nombre Asociación Universidad Thomas More (UTM).
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Estas son las demás universidades canceladas por la aplanadora orteguista: Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile y Wake Forest University, todas originarias de Estados Unidos. También, Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresarial (UCEM), originaria de Costa Rica y Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado, originaria de Panamá.

UCEM informa que continúa vigente
La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales también desligó vínculo con la asociación que lleva ese nombre y afirmó que tiene su documentación en regla.
En entrevista a La Prensa, la oficina de Mercadeo de esa casa de estudios aseguró que no hay relación con Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresarial UCEM, originaria de Costa Rica, inscrito desde el 22/08/1996, con número perpetuo 20.
Resaltaron que la universidad fue constituida desde 1993 y que esa personalidad jurídica está vinculada con una entidad que dejó de operar años atrás.
Los «argumentos»
El Ministerio de Gobernación alegó que «las siete universidades incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los Organismos Sin Fines de Lucro en territorio nicaragüense, Ley 147, Ley 977 y su reglamento», al no reportar por más de diez años sus estados financieros conforme periodos fiscales con desglose detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final).
Además de no reportar sus juntas directivas del país de origen, las donaciones previas provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones, y por carencia de documentos de identidad de sus directivos, representante legal en Nicaragua y sus proveedores de fondos.
Mediante una publicación en el diario oficial, La Gaceta, de este jueves, tres de febrero, el Migob asegura que las universidades «obstaculizaron el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones» del ministerio.
La cancelación de estas universidades ocurre un día después que el régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, ordenara el despojo de la personería jurídica de cinco asociaciones universitarias: Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Nicaragüense Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
Desde 2018, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega, ha cancelado la personalidad jurídica a organizaciones civiles sin fines de lucro en Nicaragua, las oenegés ilegalizadas ascienden a 87.