La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) rechazó este miércoles la decisión del régimen de Daniel Ortega de despojar de su personería jurídica a 16 organizaciones no gubernamentales, entre ellas cinco universidades, y aseguró que con esta decisión la dictadura violenta el derecho a la educación y busca desmantelar cualquier “resquicio” de resistencia juvenil.
La Asamblea Nacional, controlada por diputados oficialistas, de manera expedita quitó sus permisos de operación a 16 entidades, entre las que se cuentan la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Nicaragüense Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF), entre otras organizaciones asociadas a la Diócesis de Estelí.
“Esta decisión de los diputados ilegítimos de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, violenta el derecho a la educación, pretende controlar la libertad de expresión, acabar con el futuro de miles de jóvenes y mantener cautiva la libertad de manifestación”, señaló la UNAB a través de un comunicado.
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La organización independiente surgida a raíz de la crisis sociopolítica recalcó que con esta medida represiva, la administración orteguista continúa con sus planes de “desmantelar” cualquier resquicio de resistencia juvenil dentro de las universidades públicas y privadas, y “esto queda demostrado con su excesivo control, el desprecio por la calidad educativa y el exilio forzado de centenares de estudiantes y docentes”.
“Hoy elevamos nuestras voces ante el pueblo de Nicaragua, medios de comunicación, la comunidad internacional y todo aquel amante de la democracia para que denuncie y condene estos actos desesperados del régimen”, agregó el organismo, quien finalizó solidarizándose con las universidades antes mencionadas.
La cancelación de personarías a universidades violenta el derecho a la educación, pretende controlar la libertad de expresión, acabar con el futuro de miles de jóvenes y mantener cautiva la libertad de manifestación. #SOSNicaragua pic.twitter.com/hXANYj6sMH
— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) February 3, 2022
Medios para someter al pueblo
Po su parte, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, actualmente exiliado en los Estados Unidos, también reaccionó en su cuenta de Twitter a la decisión del régimen de ilegalizar a cinco universidades privadas.
“Descuidar la calidad educativa, impedir el pensamiento crítico y apoderarse de centros universitarios son medios para afianzar el poder irracional, someter al pueblo y robarle su futuro”, señaló el líder católico.
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El Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha asegurado que «garantizará» la culminación de estudios a los alumnos activos, pero aún se desconocen las medidas que tomarán. Posiblemente la institución al servicio del régimen emplee con las universidades canceladas recientemente el mismo método que utilizó con la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la primera cancelada en el país.
Aunque los diputados orteguistas aseguran que dichas cancelaciones se realizaron bajo el argumento de supuesto incumplimiento en la entrega de informes financieros, el abogado Fanor Avendaño Soza, rector de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), uno de los recintos afectados, aclaró que dicha alma mater ha cumplido con toda la documentación que era requerida por el Ministerio de Gobernación (Migob) y que son «respetuosos de la norma».
Con estas cancelaciones, desde 2018 a la fecha la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega, ha cancelado la personalidad jurídica a un total de 80 organizaciones civiles sin fines de lucro en Nicaragua.
