Tras la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Estudios Humanitarios, organización sin fines de lucro bajo la que operaba la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), el abogado Fanor Avendaño Soza, rector de la casa de estudios, aseguró que han cumplido con toda la documentación que era requerida por el Ministerio de Gobernación (Migob) y que son «respetuosos de la norma».
«Siempre fuimos respetuoso de la norma, (entregábamos) lo que se nos pedía. Somos respetuosos de lo dice en CNU, CNEA (Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación), el (Ministerio de) Gobernación). A nosotros no nos van a decir que por años no hemos entregado todas nuestras cosas (documentación). Vamos a ver qué se hace», explicó Avendaño.
Al ser consultado sobre si la decisión del régimen de Daniel Ortega podría tener ribetes políticos argumentó que aún no ha leído la resolución de la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, y evadió responder. «Todas las universidades privadas son controladas por tres órganos: el CNU, CNEA y el Migob», argumentó.
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«Las universidades públicas o estatales no están en el marco (regulatorio) del Ministerio de Gobernación, pero sí están en el marco del CNEA y el CNU que regula el accionar cotidiano académico», añadió el rector de la UNEH. La universidad cuenta con dos sedes: Masaya y Jinotepe.
Con esta decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, unos 1 mil 200 estudiantes de la UNEH pasarán a las universidades del CNU para culminar sus estudios. En una nota de prensa, el CNU indicó que debido a la situación que presentan las universidades se «garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior».
Según la propuesta de cancelación discutida y aprobada este dos de febrero, las organizaciones no cumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, lo cual «promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos».
Las otras universidades canceladas por la Asamblea Nacional, a la orden del régimen de Ortega-Murillo, son: Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
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Jóvenes de diversos grupos de estudiantes calificaron como un «atropello contra la educación superior» en el país la ilegalización de las cinco universidades. «La educación ha sufrido las embestidas de este régimen que pretende hegemonizar la educación superior, controlar la libertad de cátedra y de pensamiento de los jóvenes de estas universidades», manifiestan.
