El hostigamiento, persecución y amenazas por grupos afines al régimen de Daniel Ortega contra defensores de derechos humanos persiste en Nicaragua desde abril de 2018. Llevar las causas penales de personas presas políticas les ha valido a muchos hasta el exilio.
En conferencia de prensa, este lunes 24 de enero, las abogadas nicaragüenses Alexandra Salazar, Wendy Flores y Eilyn Cruz alegaron que las gestiones que han realizado los y las juristas en la defensa de los reos políticos llevó al Poder Judicial a dar seguimiento a los defensores y levantar una lista de estas personas.
La abogada Alexandra Salazar manifestó que «las gestiones lo único que generó, fue que el sistema de justicia anotara de manera constante quienes eran los abogados y abogadas que estaban impulsando la causas, como una manera de amenaza la que fueron referidos. Había un foco y un ojo sobre estas personas».
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«Las y los abogados de personas presas políticas son parte del esquema de represión y son amenazados y perseguidos; esto ha hecho que una población, de al menos 30,000 abogados en nuestro país, solamente unos cuantos son los que hayan decidido asumir la causa de personas presas políticas», resaltó.
En el encuentro virtual «La persecución de las defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua», los ponentes remarcaron que la defensa de los derechos humanos se ha convertido en «un ejercicio de alto riesgo», debido a los obstáculos por parte del sistema judicial, el constante acoso y amenazas a las y los abogados; y su familia.
«En el ejercicio profesional, los abogados son sometidos a maltrato verbal, abuso de autoridad, a la falta de ética de los jueces, al irrespeto, llevan la defensa en procesos judiciales cuya retardación de justicia causan graves afectaciones en los plazos establecido en la ley, genera indefensión para su representada o representado, esto se ha agravado y quienes han tenido la valentía de asumir la defensa de personas presas políticas se ha encontrado una serie de obstáculos», indicaron.
Algunos de los obstáculos, que el Poder Judicial controlado por Daniel Ortega interpone es no brindar información en las estaciones policiales, en referencia a los detenidos a partir de mayo 2021. A los defensores no se le permitió el ingreso a las audiencias de los reos de conciencia y también se les negó copias de los expedientes.
La defensora Wendy Flores relató que «como abogada tuve impedimentos para poder ingresar a audiencias acompañando a víctimas, a pesar de tener un carné de abogada emitida por la Corte Suprema de Justicia, no podría ingresar a las instalaciones porque era reconocida como una defensora de derechos humanos y en ese sentido era bloqueada de mis funciones».
«Desde el 2018 a la presente fecha; son escasos los casos en los que se ha permitido a la defensa el acceso en los centros de detención y reclusión para tener entrevista con sus defendidos», enfatizó Salazar.
Además, los abogados de personas presas políticas han reportado hostigamiento de civiles en sus casas, vigilancia policial e incidentes de amenazas por orteguistas, así como persecución en la vía pública.
De abogados a reos políticos del régimen
El régimen de Ortega-Murillo a partir de abril 2018 maximizó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En mayo 2021, emprendió una «cacería» contra los líderes de la oposición, con el propósito de eliminar toda competencia política para las elecciones generales del país. Actualmente, hay más de 40 opositores cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial, entre ellos aspirantes a la presidencia, activistas, defensores de derechos humanos y empresarios.
Para la abogada Eilyn Cruz, los atropellos de la dictadura representan una vulneración a los derechos y afirma que diferentes sectores sociales han sido vulnerados, en el contexto de mayo 2021. «Vemos que se ha incrementado el número de presos políticos, han sido afectados gremios de periodistas, empresarios, activistas, analistas políticos, líderes universitarios, defensores de derechos humanos, entonces, eso activa y maximiza la necesidad de que siempre esté una defensa ejerciendo esta labor», dijo.
Las participantes detallaron que «entre las personas detenidas están las defensoras Margarita Vijil y María Oviedo, los abogados José Pallais y Róger Reyes, todos han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso injustamente. Donde ellos por abogados defensores, pero todos fueron acusado de traidores a la patria».
«Todos los abogados referidos han sido interrogados diariamente de una a más veces al día y están privados del acceso patio-sol, como no se le ha permitido ni brindado acceso al material de lectura, no se le ha permitido entrevista con sus abogado o abogadas defensores, ni se le permite comunicación entre sus celdas», reiteraron.
