Organizaciones de la oposición nicaragüense demandaron al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cesar las declaraciones «inútiles» contra el régimen y, «de una vez por todas reconozca, denuncie y actúe ante el rechazo de Ortega-Murillo a todos los intentos del organismo en pro de la protección de los derechos humanos y del sistema democrático».
El secretario general Luis Almagro tenía hasta el 31 de diciembre de 2021 para informar al Consejo Permanente sobre sus gestiones, pero hasta ahora el caso de Nicaragua, que incluye una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, continúa estancado.
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Los opositores señalan que «los Estados suscriptores tienen el imperativo ético de actuar urgentemente conforme el artículo 21 y los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática».
El Consejo Supremo Electoral (CSE) juramentó, el sábado, 15 de enero, a los diputados propietarios y suplentes que asumirán su cargo ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para el periodo legislativo 2022-2027. La magistrada electoral Brenda Rocha entregó las credenciales a los 20 diputados tildados de «ilegítimos» al ser designados en las cuestionadas votaciones de Daniel Ortega de noviembre de 2021.
El Poder Electoral le asignó 15 de los 20 diputados ante el Parlacen al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dos al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), mientras a la Alianza por la República (Apre), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y el Partido Liberal Independiente (PLI), ocuparon un cargo cada uno.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Dirección General de Migración y Extranjería aplicar una restricción migratoria a todos los rectores de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), reveló a Artículo 66 una fuente extraoficial que prefirió el anonimato por temor a represalias.
Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua y presidenta del CNU.
Además, confirmó que a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y presidenta del CNU fue impedida de salir del país el año pasado cuando viajaría a un encuentro educativo.
Los colectivos de mujeres feministas en España rechazaron el apoyo mostrado al régimen Ortega-Murillo por parte de cargos relevantes de Izquierda del país europeo. Las mujeres se declararon «absolutamente indignadas» ante la declaración del Partido Comunista de España (PCE), además de la presencia en Managua de Ismael Sánchez Castillo, diputado por la organización Unidas Podemos (UP), quien participó de la «ilegítima» toma de posesión.
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Por medio de un comunicado, los colectivos respaldaron a las mujeres del movimiento feminista nicaragüense, de quienes recordaron sufren acoso, torturas, encarcelamientos y desaparición.
El régimen aceptó que el 51 por ciento de los nicaragüenses ha recibido su esquema completo de vacunación antiCOVID, de dos o tres dosis, en dependencia de sus requerimientos. Esta cifra se acerca a la presentada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que hasta la semana pasada apuntaba a un 45 por ciento.
La vocera del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, reconoció que el 80 % de la población mayor de dos años cuentan solo con la primera dosis. El régimen aún mantiene bajo secretismo la posibilidad de la circulación de la variante ómicron.
El sacerdote Edwing Román se resiste al exilio formal pese a que nombraron un administrador parroquial de la Parroquia San Miguel Arcángel del departamento de Masaya.
El líder religioso se encuentra en Estados Unidos desde agosto del 2021 por razones médicas y, en declaraciones a Artículo 66, explicó que cuenta con la autorización del cardenal Leopoldo Brenes. El padre Román afirma que no ha hecho ningún trámite de asilo, pero reconoce que es uno de los sacerdotes perseguidos por el régimen y que regresar al país «no le conviene».