Con 25 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que concluye que «Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana».
Igualmente, determina «instar al Gobierno de Nicaragua, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos». A su vez pide aceptar una misión de «buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA» para buscar un acuerdo que culmine con la realización de reformas electorales integrales y la revocación del combo de leyes represivas aprobadas por la dictadura en meses pasados para reprimir a la disidencia.
La resolución de la OEA también recomienda iniciar un diálogo con «todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble».
En el documento también se hace una llamamiento al régimen de Ortega para que «permita el retorno inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
A su vez, el Consejo Permanente de la OEA delegó al secretario general de la entidad, Luis Almagro, para que solicite una reunión «con urgencia» a la dictadura de Ortega para que le transmita el conclusivo de esta resolución y que a la vez, el régimen exprese su «compromiso» de aceptar una misión de «buenos oficios de alto nivel» para que entre a Nicaragua.
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Sobre esas gestiones, Almagro, según la misma resolución, tendrá un periodo de nueve días, que concluyen el 17 de diciembre de 2021, para informar al Consejo Permanente sobre los resultados de esa búsqueda de pláticas con la dictadura sandinista.
Durante la sesión virtual, la delegación de Nicaragua leyó una proclama ofensiva contra la OEA. El delegado orteguista despotricó —con el mismo lenguaje de la primera dama Rosario Murillo— contra el organismo, llamándolo «arrodillado» a los designios del «imperialismo».
«Acudimos a este otro Evento Intervencionista de la OEA, uno más en su Historia despreciable, de ignominiosa, deshonrosa, desvergonzada y depravada entrega y sumisión al Imperialismo Norteamericano (sic)», leyó el representante de Nicaragua, a través de la videollamada originada desde la Cancillería.
En su andanada de insultos, el vocero nicaragüense también calificó la reunión de «infame, malévolo y diabólico juego, de esta tan denunciada Organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos».
En su carta, con sello y seña de la vocera gubernamental, el gobierno de Ortega acusó a la OEA de «lacayos y arrodillados… que ha perdido toda legitimidad o credibilidad y que no cuenta con ningún respeto entre los Pueblos»
Por su parte, la delegación de Panamá, uno de los países que votó a favor, aclaró que su apoyo a esta resolución no constituye la aplicación del artículo 21, es decir, dejó claro que su representación no puja por la expulsión de Nicaragua del organismo continental, sino más bien, busca agotar las vías diplomáticas para acercar posiciones con la dictadura de Ortega.
