El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, afirmó este jueves en un mensaje dirigido a la comunidad internacional que “restaurar la democracia” en Nicaragua en 2022 “debe ser nuestra prioridad”, y llamó a la dictadura de Daniel Ortega a decretar una amnistía que permita la liberación de los más de 160 presos políticos.
En su habitual mensaje de fin de año, en el que la SIP hace un balance anual sobre el estado de la libertad de prensa en el continente americano, Canahuati señaló que el objetivo debe ser que Nicaragua, “el país con la mayor regresión en 2021”, vuelva a la democracia.
La SIP insta al régimen nicaragüense a que decrete una “amnistía para que sean liberados los presos de conciencia”, una medida que considera “el punto de partida para tratar de restaurar la democracia”.
En el texto, Canahuati, presidente del hondureño Grupo Opsa, considera que durante este año “los más graves atropellos contra la libertad de prensa y de expresión en las Américas ocurrieron en Nicaragua”.
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En el país centroamericano, varios periodistas, junto a los principales líderes de la oposición cívica y directivos de organizaciones no gubernamentales, “permanecen encarcelados y sin derechos procesales”.
Actualmente la dictadura de Nicaragua mantiene tras las rejas a más de 160 personas presas políticas que han elevado su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Los familiares de los reos han demandado que antes de cualquier diálogo se deben liberar a todos los reos de conciencia, que según sus allegados están siendo víctimas de torturas físicas y psicológicas.
El llamado de la SIP se suma a la demanda que desde inicios de diciembre han hecho las diferentes agrupaciones civiles y la misma Iglesia católica, de una Navidad sin presos políticos. El régimen, lejos de atender ese llamado, el pasado martes liberó a unos mil reos comunes bajo el beneficio de convivencia familiar.
En respuesta a estas demandas, el recién pasado 14 de diciembre el dictador Daniel Ortega — durante su participación en la XX Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)—, descartó que su régimen tenga la intención de liberar a los reos de conciencia, a quienes por el contrario, calificó de delincuentes, porque según él cometieron “terrorismo”.
Cárcel, represión y torturas
“Solo una amnistía para los prisioneros de conciencia podría ser el punto de partida para tratar de restaurar la democracia en Nicaragua”, dijo el empresario de medios de comunicación, pero se mostró pesimista respecto al “régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, que “se mantienen inconmovibles”.
Con el foco puesto en el caso de Nicaragua, Canahuati se refirió también a Cuba y Venezuela, naciones que, subrayó, “tienen el peor legado de libertad de prensa en las últimas décadas, con un retroceso lamentable durante este 2021”.
En Cuba, denunció, los periodistas independientes, artistas e intelectuales “han padecido uno de los periodos de represión más difícil en los últimos 25 años”.
Hasta el punto que “las detenciones, acusaciones y hostigamiento permanente (en la isla) son las herramientas preferidas de la dictadura para frenar la libertad de expresión”, algo que, sin embargo, “no han logrado”.
Y en Venezuela, “los agravios del régimen a la libertad de expresión también se recrudecieron este año”.
Volviendo a Nicaragua, el ejemplo más claro de “avasallamiento contra la libertad de prensa” lo representa el realizado contra el diario La Prensa.
Uno de los casos más destacados, apuntó, fue la toma este año de las instalaciones del diario El Nacional (fundado en 1943) por los cuerpos de seguridad del Estado.
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El periódico, que ha sobrevivido a la dictadura de Anastasio Somoza, a los ataques de la revolución sandinista, el encarcelamiento de directores y editores y hasta el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro en 1978, “se vio obligado a despedir a más de 120 trabajadores”.
A pesar de que La Prensa sigue publicándose de forma virtual gracias a “valerosos periodistas” que continúan en el país y, otros, desde el exilio, su gerente general, Juan Lorenzo Hollman, “lleva más de cuatro meses y medio en prisión y su salud se ha deteriorado”.
“Es impresionante que, casi 44 años después, la familia Chamorro sigue pagando el precio de enfrentar a las dictaduras”, con los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios privados de libertad y su otro hermano, Carlos Fernando, exiliado en Costa Rica “para evadir el tsunami represivo de los Ortega”, denunció.
Al caso de La Prensa y el arresto de sus directivos se suma el de otros numerosos periodistas y opositores.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció recientemente en Costa Rica que en la actualidad hay 167 presos políticos en las cárceles nicaragüenses y documentaron 115 testimonios de torturas.
Entre tanto, el presidente Ortega “mantiene un discurso hostil y estigmatizante contra los reos políticos”, a quienes llama “traidores de la patria”, remarcó el comunicado de la SIP.
