El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, actualizó la situación de Nicaragua este martes y abogó ante el Parlamento Europeo para que los diputados aprueben una nueva resolución contra la dictadura de Daniel Ortega.
Borrell manifestó que «Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño» y el principal represor de los nicaragüenses. La nueva resolución del Parlamento será aprobada el próximo jueves, 16 de diciembre.
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En la sesión del Parlamento Europeo, los eurodiputados pidieron más sanciones individuales contra los operadores de Daniel Ortega. Al mismo tiempo, demandan que se abra una investigación formal, a través de la Corte Penal Internacional (CPI), contra el Estado de Nicaragua y Ortega por crímenes contra la humanidad.
Los parlamentarios también demandaron activar la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica (AdA) a Nicaragua.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dictaminó que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición.
La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, aseguró que en esas votaciones Nicaragua perdió la oportunidad de avanzar «hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018». El informe fue presentado en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega continúa sepultando las asociaciones relacionadas a su allegado empresario Leonardo Torres, y de paso, aquellas donde participaban los políticos opositores Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y el aspirante presidencial y preso político Arturo Cruz.
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La Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas de otras nueve oenegés, entre ellas, la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), ligada al empresario sandinista; la Asociación de Consultores Acodep, aparentemente relacionada a su esposa.
Régimen Ortega-Murillo cierra campus estudiantil de INACE, por demandar la liberación de Arturo Cruz. Foto: Campus INCAE
También ilegalizó a la Fundación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup), relacionada a Bermúdez, y a la Asociación de Graduados del INCAE, escuela de negocios que reconoce la trayectoria de su profesor y ahora reo político Arturo Cruz.
En dos días, el régimen despojó de unas cuatro asociaciones a su aliado Leonardo Torres, y dejó en el limbo a más de cuatro mil estudiantes universitarios.
Después de casi una semana de haber roto las relaciones diplomáticas con Taiwán, el régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por diputados sandinistas, aprobó un decreto en el que pone fin a los ocho acuerdos e instrumentos que Managua había suscrito con Pekín a lo largo de estos años.
El decreto legislativo, que fue enviado con trámite de urgencia a los diputados oficialistas y aprobado con 80 votos a favor, señala que el régimen de Ortega desde el 9 de septiembre —tras la ruptura de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones—, reconoce que en el mundo existe una sola China. «La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa toda China».
El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) anunció el cese de sus actividades en Nicaragua a partir del primero de enero de 2022. La organización no gubernamental indicó que opera en el país desde mediados de la década de los 80, enfocada en apoyar programas e iniciativas relacionadas a la agricultura, la energía renovable, agua y saneamiento, y su retiro responde a que «ya se han creado las capacidades locales y el impacto (en Nicaragua) es menor en comparación con otras geografías».
La salida de la cooperación holandesa ocurre en un contexto de persecución contra oenegés. El régimen de Ortega ha cancelado, a la fecha, 61 organizaciones civiles sin fines de lucro.