El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la Cumbre de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) celebrada el 14 de diciembre, dijo que el Poder Judicial presentará los expedientes de las personas presas políticas que deja al «descubierto» el supuesto financiamiento al «terrorismo» a la oposición nicaragüense.
Un defensor de derechos humanos y un opositor consideran que las declaraciones de Ortega fueron «desatinadas» y que demuestran que en el país no existe separación de poderes. Además, que el dictador pretende negociar la liberación de los reos para disminuir la presión internacional.
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«A veces hay amigos que nos dicen, “pero deberían de dar algunos gestos” porque tenemos presos a terroristas, a los que financiaron el terrorismo y que financiaron nuevas actividades terroristas, lavando dinero, dinero enviado por los organismos de los Estados Unidos con el cuento que financiaban los Organismos No Gubernamentales (ONG). Todo esto está al descubierto. Hay todo un expediente que lo presentará en su momento la Fiscalía, el Poder Judicial. Millones de dólares, muchos más millones que debería colocar Estados Unidos para ayudarle a los pueblos», aseveró Ortega.
Para el abogado de Defensores del Pueblo José Antonio López, las palabras del mandatario nicaragüense fueron «muy desatinadas», porque, según el jurista, la Constitución Política de Nicaragua establece que existe separación de poderes y quien administra justicia es el Poder Judicial no el Ejecutivo. «Más bien da a entender como que aquí en Nicaragua no hay estado social de derecho, que no hay separación de poderes. El mensaje que manda a decir es: “El Estado soy yo”, es decir, como lo dijo Luis XIV: “detrás de mí el diluvio”», afirmó López.
Según Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), lo que dijo Ortega es un reflejo que quien controla los poderes del Estado, pero además la administración de justicia, es el poder Ejecutivo representado por la pareja presidencial de Nicaragua. Aseguró que eso es evidencia de que los procesos penales, contra las más de 150 personas detenidas, son procesos políticos «por razones de conciencia en virtud de liderazgo, la beligerancia y posiciones políticas que estas personas han tomado en contra del régimen Ortega-Murillo».
«La Unidad Nacional califica estos procesos penales como espurios, nulos de nulidad absoluta, insubsanables en cuanto se han violado todas las reglas del debido proceso; no se les da permiso de ingresar con sus abogados en la primera diligencia judicial ante el juez; ha sido decretada detención judicial de 90 días sin que el Ministerio Público tenga una teoría del caso construida. Esa ley que les han aplicado de la detención judicial de 90 días, es una ley absolutamente inconstitucional sobre las cuales penden recursos de inconstitucionalidad en el pleno de la (Corte) Suprema (de Justicia)», dijo Barberena.
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«Lo más prudente y sensato era haber dicho “la administración de justicia es la que ve esta situación”, pero él (Ortega) habló de que hay un montón de pruebas, pero al fin de cuentas no se sabe en qué estado están las últimas personas que están detenidas», añadió el defensor de derechos humanos.
Suspensión de los procesos judiciales es una «estrategia retórica»
Barberena manifestó que la suspensión de los procesos penales en contra de las personas presas políticas es una «estrategia retórica del orteguismo a nivel internacional. Él está llevando adelante la principal contienda de elevar la parada en el sentido de poner altas suposiciones ante un tendencial diálogo o para forzar a que la comunidad internacional acepte las condiciones de un diálogo que él está promoviendo en el país»
«El simple hecho que los juicios estén suspendidos por razón de fuerza mayor porque todos los juzgados tienen una agenda sumamente abultada, nada más alejado de la realidad; es una violación al debido proceso, una violación al derecho y a la tutela efectiva a la cual toda persona dentro de un proceso judicial tiene derecho», enfatizó.
El opositor agregó que la suspensión de los procesos también tiene una connotación en cuanto a la estrategia política de la dictadura para alargar los procesos penales para dar «chance a una tendencial negociación con la asimetría que la dictadura quiere que se realice esa negociación y ese es el tema fundamental de fondo que hay que entender por el cual están paralizados estos procesos; la dictadura va a apuntar a negociar la libertad de estos presos políticos a través de un canje para disminuir las presiones en contra de ellos, por eso los juicios están paralizados».