El régimen de Daniel Ortega continúa premiando al sancionado comisionado general Fidel Domínguez, jefe policial del departamento de León, quien recibirá del erario público un nuevo cuartel en la delegación que ostenta.
El Presupuesto General de la República del año 2022 refleja que a la Policía Nacional se le incrementarán los fondos, con una partida superior a 12 mil 300 millones de córdobas para «servicios de orden y seguridad»; lo que se aprovechará, entre otros, para acondicionar a Domínguez y a sus oficiales, señalados de atacar, asediar y arrestar arbitrariamente a ciudadanos, en violación a los derechos humanos.
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El régimen también incrementó en un 4 por ciento el presupuesto del Ministerio de la Juventud correspondiente al año 2022. A la institución política se le asigna más de 130 millones de córdobas, lo que corresponde a un incremento de alrededor de 5 millones de córdobas en relación al presupuesto de este año.
La administración de Daniel Ortega utilizará 12 millones para pagarle al personal permanente de la Juventud Sandinista, mientras el resto se justificará con capacitaciones, actividades creativas, entre otras.
La Juventud Sandinista es conocida por conformar las fuerzas de choque del partido de Gobierno, y ser, para algunos, un escalón para ostentar cargos públicos.
Juventud Sandinista. Foto: Carlos Herrera
Las comunidades indígenas de la Costa Caribe, la Moskitia nicaragüense, denunciaron la continuidad de la invasión a sus tierras y el aumento de crímenes perpetrados por colonos, en total impunidad.
Limbo Bucardo, vicecoordinador de la organización Prilaka señaló que existe una oleada de invasiones acompañado por crímenes contra la población, principalmente miskita y mayangna; en la zona se observa a colonos armados con utilería y armamento de guerra sin que las autoridades pertinentes se pronuncien al respecto.
El régimen de Nicaragua habría ocultado de 6.000 a 9.000 muertes por el COVID-19 entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, indica un estudio elaborado por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción. El documento señala que las autoridades sanitarias registraron los fallecimientos como relacionados a otras patologías, lo que contribuyó a un probable subregistro de casos.
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Los investigadores también identificaron que al menos 16 doctores han sido despedidos de hospitales públicos sin explicación y la cancelación de organizaciones médicas, por lo que responsabilizan a las autoridades del país por la negación de la pandemia y la falta de toma de medidas oportunas.
La cantante Rayza Hope sostiene que a su hija le arrebataron la vida. La joven de 23 años murió el 28 de noviembre. Fue encontrada sin vida en su casa, ubicada en León. Pese a que un forense dictaminó que la estudiante universitaria murió por asfixia (ahorcamiento), Hope lo niega y afirma que el cuerpo de la joven presentaba signos de violencia.
