El Presupuesto General de la República (PGR) 2022 refleja un incremento del fondo asignado al principal órgano represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la Policía Nacional. Según el documento publicado en la web de la Asamblea Nacional, la partida para «servicios de orden y seguridad» suma C$12 mil 396.2 millones de córdobas.
De ese total que detalla la propuesta para el próximo año, C$ 4 mil 48.1 millones de córdobas serán asignados al gasto total de la Policía Nacional, monto superior a los C$ 3 mil 760 millones destinados a la institución en 2021.
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En los proyectos que ejecutará la sancionada Policía del régimen figura la construcción de una nueva estación en la ciudad de León, uno de los departamentos más azotados por la represión estatal del régimen Ortega-Murillo. La dictadura premiará a su emisario, el comisionado general Fidel Domínguez, con un nuevo cuartel en la delegación departamental que ostenta.

«En el departamento de León se dará inicio a la construcción de la delegación policial departamental, con un área de 2,300 metros cuadrados y se efectuará la adquisición de mobiliario, equipos informáticos y medios de transporte», se lee en el PGR 2022.
La «cara de la barbarie» en León
El 21 de diciembre de 2021, el comisionado Domínguez fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber «dirigido ataques contra muchos ciudadanos y periodistas nicaragüenses. Específicamente, Domínguez presuntamente dirigió la golpiza de un periodista por parte de agentes de la Policía Nacional de Nicaragua. Según consta, Domínguez también estuvo involucrado en los abusos y golpizas de un exdiputado de la oposición y otros opositores de Ortega».
Domínguez ha dirigido allanamientos, ataques, persecución, asedio y arrestos de los opositores en la ciudad universitaria de León, los pobladores lo han calificado como la «cara de la barbarie» en el departamento por su oficioso trabajo para la dictadura. En el contexto electoral estuvo a cargo del arresto del exdiputado liberal José Pallais y de la defensora de derechos humanos María Oviedo de CPDH.
La Policía al servicio de Ortega fue sancionada, en marzo de 2020, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por su participación en las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018.
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Bajo la Orden Ejecutiva 13851 se sancionó a la institución por ser responsable o cómplice, o partícipe directa o indirecta, en graves violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses.
«El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense», expresó el secretario de Estado Steven T. Mnuchin. «El Tesoro ha asumido el compromiso de que rindan cuentas quienes procuran acallar a las voces democráticas en Nicaragua», agregó.