El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó sesión extraordinaria este 29 de noviembre para evaluar la situación política de Nicaragua en consecuencia con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. En el pleno, intervino de la defensora de derechos humanos, Antonia Urrejola, quien denunció ante los estados miembros la «sistemática violación a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018».
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que en el país centroamericano «la población nicaragüense continúa siendo afectada por la instalación de un Estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al gobierno actual».
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Desde su rol dentro de la CIDH destaca que el organismo ha alertado a la comunidad internacional durante los últimos tres años sobre las «graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua. Además de las violaciones hacia la vida e integridad personal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, criminalización bajo cargos infundados».
Urrejola recordó los «asesinatos que hasta ahora permanecen impunes», por lo que demanda justicia y reparación para las familias afectadas. Así como los crímenes a campesinos a manos de «colonos invasores», ante los cuales las autoridades no actúan.
Además, denunció la situación de la libertad de prensa en Nicaragua con la «persecución a medios independientes y a los profesionales del ejercicio periodístico lo que ha provocado el cierre de varios medios y el exilio de más de 90 periodistas». Aseguró que el organismo defensor de derechos humanos se encuentra preocupado por el «cierre de los espacios democráticos, la suspensión de libertad y afectación a la libertad de expresión en el país».
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Urrejola condenó el acoso a medios independientes durante el cuestionado proceso electoral del siete de noviembre, en el que fue más evidente el fortalecimiento de la represión en Nicaragua, un proceso rechazado por la comunidad internacional.
La comisionada rechazó ante la comunidad internacional los resultados de las elecciones de Ortega considerando cada una de las denuncias expuestas ante la organización internacional. Además, exigió al régimen de Nicaragua que libere a los presos políticos, de quienes aseguró, se encuentran en «grave condición de detención».
