Al menos tres personas, entre empresarios y familiares de funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron impedidos de salir de Nicaragua por el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino en las últimas semanas, con lo que el gobierno estaría aplicando una restricción migratoria de facto o «país por cárcel» contra los propios aliados, para evitar que vayan a otros países a revelar información susceptible para el régimen, según reveló este jueves, 18 de noviembre, el portal Divergentes.
Según la publicación, citando a una fuente anónima del Ministerio de Gobernación y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), uno de los empresarios a quienes les fue bloqueada la salida por la terminal aérea es Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, Delegado Presidencial para Fomento de las Inversiones.
Baltodano Monroy, detalla Divergentes, «es apoderado del Grupo Integra, una empresa dedicada a la adquisición y desarrollo de empresas en Centroamérica y México. También es sobrino del empresario y gerente general de Café Soluble, Gerardo José Baltodano Cantarero, quien es buscado por la Policía de la dictadura, bajo el argumento que, como exdirectivo de La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), es sospechoso por supuestas operaciones ilícitas».
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El segundo empresario al que tampoco le dejaron abordar su vuelo, del que tuvo información el medio digital, es Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme). Torres es un frenético defensor del gobierno sandinista y se alineó a favor de Ortega tras la ruptura del «Modelo de Diálogo y Consenso» entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el FSLN. Torres también es directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) y sustituyó al expresidente de la patronal, José Adán Aguerri, en ese puesto.
Divergentes también informó de la restricción de salida del país contra una hija del exjefe del Ejército, general en retiro Javier Carrión McDonough (2000 – 2005).
Según el informante que habló para Divergentes, «la decisión se basa en que la pareja presidencial “no va a permitir que ninguna persona que tenga información oficial salga del territorio”».
La señal —dijo la fuente— que alertó al régimen con respecto a sus aliados y funcionarios fue la salida del comisionado mayor de Nueva Segovia, Javier Martínez, quien pidió asilo hace unas semanas en Estados Unidos.
Si bien Martínez no ha hecho ninguna declaración pública en Estados Unidos contraria al gobierno, la fuente de migración sostiene que a lo interno del régimen ya lo consideran como “traidor”. “Por eso hay más candados en las fronteras aéreas y terrestres. No van a repetir el mismo error”, sostuvo el funcionario.
Con estas restricciones a allegados al sandinismo, la dictadura Ortega-Murillo amplía el cerco de hierro que antes estaba decretado de facto contra opositores, periodistas, activistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos.
Según los círculos sandinistas, este tipo de acciones que evidencian la creciente paranoia de Ortega y Murillo de ser traicionados por funcionarios altos y medios del Estado se exacerbó a partir de las medidas del gobierno de Estados Unidos de impedir el ingreso al país norteamericano de gente ligada al sandinismo, lo que podría desatar una estampida tratando de evitar sanciones y restricciones económicas, y buscando asilo y protección a cambio de información.
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Antes que Ortega se lanzara contra los suyos, los agentes de Migración y Extranjería tenían órdenes de impedir la salida y retener pasaportes contra personas críticas del régimen.
En su intento de salir del país, el gobierno nicaragüense bloqueó el paso a María Josefina (Pinita) Gurdián, madre y abuela de las prisioneras políticas Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, respectivamente, quien intentaba viajar a Costa Rica a realizarse exámenes médicos por el cáncer que padece.
También arrebataron el pasaporte al sacerdote Silvio Fonseca y más antes habían hecho lo mismo con periodistas como Julio López, de la plataforma digital Onda Local; y Vladimir Vásquez, de Confidencial.