La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el orteguismo, acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de ser «intervencionista e injerencista» y de estar «subordinada a los Estados Unidos». La declaración, leída por el sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras; señala que la resolución de la OEA que declara ilegítimas las elecciones presidenciales de Nicaragua es «irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios que motivaron la fundación de este organismo internacional».
La Asamblea insta al dictador Daniel Ortega a que denuncie la Carta Democrática de la OEA e inicie el proceso para abandonar el organismo regional según lo establecido en el artículo 143 de la Carta de la OEA, un proceso que le llevará dos años, una vez se haya completado el proceso ante la Secretaría General de la entidad regional.
«Esta carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta», explica el artículo 143 de la Carta de la OEA.
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La declaración del Parlamento asegura que la OEA se ha caracterizado en los últimos años por «intervenir en los procesos electorales legítimos de los pueblos de nuestra América, injerencia que ha quedado documentada por investigaciones independientes, con el único afán de preservar un orden internacional a la medida de los intereses de los Estados Unidos de América y otros gobiernos subordinados».
«Los artículos 2 y 3 de su instrumento constitutivo adopta el principio de no intervención y además reconocen el derecho de todo Estado a elegir, sin injerencias, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma en que más les convenga», se lee en la declaración aprobada por el Legislativo nicaragüense.
La resolución de la 51° Asamblea General de la OEA orienta al Consejo Permanente realizar una «evaluación colectiva inmediata» de la situación política que vive Nicaragua, en concordancia con la carta del organismo y la Carta Democrática Interamericana, «teniendo en consideración la falta de transparencia de las elecciones (…) además de las infructuosas iniciativas diplomáticas tendientes a proteger los derechos humanos que se han tratado de llevar adelante desde junio de 2018».