La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Gobierno FSLN, aprobó una declaración en la que instan a Daniel Ortega denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) e inicie el proceso para abandonar el organismo regional.
El Parlamento acusó a la OEA de «intervencionista e injerencista» y de estar «subordinada a los Estados Unidos», luego que los Estados miembros declararan ilegítimas las elecciones de Ortega, al tiempo que algunas personalidades y opositores demandan la expulsión de Nicaragua de ese foro regional. Los diputados aprobaron la declaración con 83 votos a favor, tres abstenciones, y 1 presente.
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La vicemandataria de Nicaragua y vocera del régimen, Rosario Murillo, continúa molesta con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, recientemente, calificaron las elecciones de Daniel Ortega de ilegítimas. Murillo señaló que la OEA es una organización que sirve a los intereses de Estados Unidos, los cuales definió de “mezquinos intereses de los vendepatrias”.
Por tanto, celebró la declaración aprobada este día por sus diputados ante la Asamblea Nacional, en la que denuncian las supuestas «acciones injerencistas de la OEA». Según Murillo, la solicitud que hicieron los parlamentarios defiende la soberanía y la dignidad nacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió el ingreso al país norteamericano, como inmigrantes o no inmigrantes, a Daniel Ortega, Rosario Murillo y los miembros de su régimen, incluidos los funcionarios electos y su personal; alcaldes, miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua, entre otros.
La prohibición se aplica a los cónyuges, hijos e hijas de los operadores de la dictadura. Opositores indican que la medida podría poner en “tela de juicio” la lealtad de algunos funcionarios a la pareja presidencial.
El régimen de Daniel Ortega emprendió una cacería de opositores en distintos departamentos del país en contra de líderes territoriales y jóvenes, quienes se han convertido los nuevos presos políticos de la dictadura. En Morrito, San Carlos y Managua se reportaron varios allanamientos, pocos días antes y después de las elecciones de Ortega, realizadas el siete de noviembre.
Al momento, se contabiliza la detención arbitraria de un integrante de la Alianza Cívica, una joven de la UNAB, cuatros miembros del anulado partido CxL y cinco, de UNAMOS, que se sumarían a los más de 150 reos políticos de Ortega.
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La empresa estadounidense de servicios financieros y comerciales Moody’s advirtió las posibles consecuencias económicas que traerán las «elecciones ilegítimas» del siete de noviembre. En el reciente documento señala que Nicaragua se enfrenta al riesgo de más sanciones estadounidenses que podrían poner en peligro los préstamos de los bancos multilaterales al país; además, hay incertidumbre en la reacción de la comunidad empresarial local a la situación política.
Si las tensiones entre el gobierno y las empresas no se resuelven, la trayectoria de crecimiento de Nicaragua podría cambiar a medida que se seca la inversión, explica Moody’s.
Los contagios por COVID-19 en el país continúan disminuyendo, según el Ministerio de Salud. El reciente informe del Minsa indica que 146 personas dieron positivo en los últimos siete días, lo que corresponde a 32 casos menos en relación a la semana anterior. En cuanto al número de muerte a causa del virus, el Minsa insiste que, desde hace un año, solo se registra un fallecido a la semana.
Con estas cifras, el ministerio acumula más de 17 mil casos y 211 decesos; muy por debajo de los datos de médicos independientes que contabilizan más de 30 mil casos sospechosos y casi 6 mil muertes en el contexto de la pandemia.