El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó el informe titulado «En Nicaragua no hubo elecciones», donde presenta una radiografía de la «farsa de Daniel Ortega». El organismo denunció las violaciones a los derechos humanos durante el proceso montado por el régimen y un registro de incidencias del siete de noviembre.
«El siete de noviembre de 2021 no hubo elecciones presidenciales en Nicaragua, a todas luces fue una farsa electoral orquestada desde meses anteriores, a través de la incesante represión en todos los puntos del país, de las reformas a la Ley Electoral, y de la promulgación de leyes inconstitucionales que atropellaron los derechos constitucionales y consolidaron estructuras que continuarían con la carrera de fraudes electorales característicos del régimen Ortega y Murillo», destaca de inicio el documento divulgado este 16 de noviembre.
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Añadieron que las detenciones y las cancelaciones de partidos políticos en Nicaragua hicieron imposible la realización de elecciones libres, competitivas y transparentes en el país, contrario a lo que pasa en los sistemas democráticos, donde las elecciones tienen gran importancia para el proceso político, donde la ciudadanía tiene la oportunidad real de cambiar a un Gobierno. «Desde el Cenidh reiteramos y sostenemos que fue una farsa electoral, una de las más bochornosas en la historia del país», reiteró la organización.
Del 1 al 8 de noviembre se registró un incremento de la represión en el país, asegura el Cenidh; que tomó 28 denuncias de 105 incidencias reportadas por las distintas fuentes abiertas de información y monitoreo del organismo. En 59 de las incidencias se señala a la Policía Nacional, quienes actuaron en conjunto con simpatizantes civiles del régimen de Ortega, según las denuncias de las víctimas.
En otras 20 incidencias se menciona a funcionarios del Estado «canciller, alcalde, funcionarios del Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería, Ministerio de Educación y en 11 incidencias acusan a simpatizantes del partido de gobierno». El informe revela que los derechos más vulnerados fueron la libertad individual, integridad física y mental, libertad de prensa, libre circulación, la propiedad, seguridad jurídica y garantías del debido proceso.
También registró 32 detenciones y allanamientos en el periodo del 5 al 8 de noviembre. Las personas detenidas arbitrariamente fueron llevadas a las delegaciones policiales, los familiares no tienen ningún tipo de información de su estado físico o psicológico. Para la organización defensora de los derechos humanos estos hechos constituyen violaciones a los derechos de las víctimas y sus núcleos familiares, pues todos fueron ejecutados al margen de las garantías del debido proceso, los agentes de la Policía Nacional no presentaron ninguna orden de detención, ni de allanamiento al momento de las detenciones.
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La violación a la libertad de prensa también se denuncia en el documento, pues durante estos comicios el régimen de Daniel Ortega impidió la cobertura a la prensa nacional y también lo hizo con cadenas noticiosas internacionales desde finales de octubre se registraron numerosos reportes de periodistas que se les negó la entrada al país a las puertas del aeropuerto, a otros les cancelaron sus boletos ya comprados, a través de las líneas aéreas.
Concluyen confirmando que «en reiteradas ocasiones, que el gobierno a través de la Policía y las fuerzas paraestatales, se valió de la violencia para reprimir a la población que demanda el respeto a sus derechos humanos, con una escalada en el contexto de las llamadas elecciones». En este contexto, el abstencionismo generalizado de la población, las detenciones arbitrarias de meses anteriores y en los últimos días contra opositores, el entorpecimiento del pluralismo y la participación política, la falta de garantías electorales, los resultados falsos e irregularidades reportadas, permiten concluir que estas elecciones fueron ilegítimas, una farsa electoral que aún continúa desarrollándose a través de escenas».