Especial por: Javier Rocha
El cierre de la empresa de seguridad Delta, responde a una decisión basada en la paranoia del matrimonio presidencial, compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ven enemigos en todas partes, al punto que decidieron cerrarla, por temor a que sus 900 empleados, armados con escopetas y pistolas calibre 38, les dieran un golpe de estado.
“¡Qué ridículo!”, dijo a Artículo 66, un militar retirado, que se mantiene en contacto con sus antiguos compañeros de armas, lo que le permite conocer lo que se cuece dentro de las esferas militares o gubernamentales ligadas al Ejército.
El pasado viernes 15 de octubre, dos patrullas policiales, con una docena de uniformados a bordo, llegaron a las oficinas principales de Delta, y procedieron a desarmar a todos los guardas que estaban en el lugar, llevándose las armas en calidad de decomiso.
La misma acción, repetida en todos los objetivos que eran preservados por el personal de Delta, concluyó con el desarme y el desempleo de sus más de 900 hombres y mujeres que ejercían labores de seguridad y administración, a la vez que dejaba esos objetivos sin protección efectiva.
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“Ese cierre es resultado del miedo de Ortega y su consuegro, el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quienes piensan que a través de esta empresita iban a meterles las armas para darle un golpe de Estado”, dijo el militar, que por razones obvias únicamente acepta hablar bajo condición de mantener su identidad en reservas.
Por su parte, el director de Radio La Primerísima, y uno de los voceros oficiosos del gobierno Ortega-Murillo, William Grigsby, durante su programa radial del lunes, 25 de octubre, leyó una supuesta lista de más de 30 personas, que, según dijo, estuvieron ligadas al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) para atizar la rebelión cívica de 2018.
Grigsby, en esa lista de «financistas» y «cabecillas» de lo que volvió a llamar «la intentona golpista», acusó —sin ofrecer una sola prueba— al exgerente del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, como uno de los que «manejaba los fondos» y suministró las «armas para los tranques».
El vocero sandinista se refirió a Rivas como “el que está preso, el que le hallaron armas en su casa, y que además, tenía su empresa de seguridad, que era como su ejército… su germen de ejército… de ahí sacaron armas para los tranques”, con lo que confirma la versión del exmilitar de que el cierre de la compañía fue por el terror que produce en el sandinismo la idea de que haya armas en manos de agentes civiles que no están bajo su control.
Si la razón es retener un armamento que se podría usar en una nueva escalada de protestas en contra del régimen, ¿por qué solo cerraron Delta?, preguntamos a la fuente, quien reveló que “el resto de empresas de seguridad pertenece a personas con nexos actuales o que tuvieron vínculos con las dos instituciones: Policía y Ejército”.
Recuerda que en agosto cerraron a VSN, la otra empresa que no era propiedad de alguno de sus incondicionales, en referencia a una inversión costarricense en materia de seguridad, que fue expulsada del mercado “muy al suave y sin escándalo”.
En tanto, el exmayor del Ejército, Roberto Samcam, explicó que en este momento «la mayoría de empresas de seguridad que operan en el país están bajo control de personas ligadas al anillo económico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o al Ejército y la Policía. «Incluso, acordate que durante la rebelión de abril la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) de la Policía les decomisó todas las armas a las empresas civiles que vendían escopetas o pistolas de uso civil».
«Esta gente tiene una paranoia y creen que todos actúan como actúan ellos. Quedaron tan traumatizados (por las movilizaciones de abril de 2018), que en cualquier situación ven levantamiento, ven tranques… y quieren convencer a sus partidarios de que estos guardas (de la empresa Delta) eran una peligro y que por eso desmantelaron una empresa de seguridad, cuando más bien lo que hicieron fue dejar en hambre a 900 familias», recriminó Samcam.
Delta, compañía de seguridad, es parte del Grupo Promerica, cuyo principal accionista es Ramiro Ortiz, y fue creada para reducir los costos de operación que resultaban de contratar a terceros para que se hicieran cargo de la seguridad física del conglomerado empresarial, que tiene al Banpro como su marca líder en Nicaragua.
Esa decisión desplazó a Servipro, que supuestamente cobraba demasiado por el servicio de vigilancia y traslado de valores, pese a que el comisionado en retiro Fernando Caldera Azmitia, es el gerente de seguridad del Banpro, y accionista de Servipro, explicó la fuente.
El mayor Samcam coincide que en esa maniobra también hay una disputa de mercado. «Es para ir sacando de juego a empresarios que no están sometidos al régimen. Quieren obligar a empresas, como el Banpro, a contratar a estas otras empresas de seguridad que son propiedad de exmilitares y expolicías, (porque) la cantidad de plata que te deja cubrir la seguridad de todas las oficinas del Banpro a nivel nacional, es enorme, entonces ese es un mecanismo de ir sacando del juego y adueñarse de la cuota de mercado que tienen este tipo de empresas (cerradas)».
También fue por venganza
Artículo 66 conversó con otras dos fuentes ligadas al negocio de garantizar seguridad a las empresas del país (dos oficiales retirados: uno del Ejército y otro de la Policía), quienes también sustentan la teoría de la paranoia presidencial, aunque añaden dos motivos más, ambos ligados a la venganza.
“Decir ‘Delta’ es decir ‘Banpro’. En algunos casos, cuando Banpro otorgaba crédito a una empresa, la ‘invitaba’ a contratar a su empresa de seguridad como un plus”, dijo una de las fuentes.
Delta no tenía 900 guardas: tenía mil hombres armados, que estaban ahí para cuidar el conglomerado empresarial de Ramiro Ortiz, así como al resto de empresas a las que prestaban servicios, pero esos mil hombres armados representan una gran amenaza ante alguien que tiembla, que tiene miedo”, dijo el oficial retirado de la institución castrense.
“Ortega decidió cerrar esa empresa, y descabezar al liderazgo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como represalia por su derrota catastrófica en la OEA. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de aquel principio de la física, que dice que toda acción genera una reacción”, explicó.
“Lo que yo veo es que el capital confió en Ortega, y él les paga así, pero en el fondo, lo que hay es ese sentimiento de temor, por considerar que la existencia de ese personal armado, al que él no controla de forma directa ni indirecta, atenta contra la seguridad de las elecciones, y aunque ellos no están para protagonizar una revuelta armada, esa sí es una posibilidad real en las mentes de esas personas (Ortega y Murillo), que se mueven en la paranoia”, dijo el exmilitar.
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Las fuentes coinciden en que estos ‘golpes’ están en función de causar terror para lograr sumisión entre los demás empresarios del sector, pese a que todos son policías o militares, activos o en retiro, que de una forma u otra han jurado y demostrado lealtad a Ortega.
“Ellos le sacan rédito a esa política de terror”, dijo el expolicía. Coincidiendo con esa opinión, el exmilitar explicaba que “yo sé que entre el gremio hay temor de que a ellos les pase lo mismo que a Delta”.
La fuente añadió una tesis más, al asegurar que el régimen “está en contra del Grupo Promerica, porque no quieren reabrir las cuentas de los miembros de la familia Ortega Murillo y funcionarios del Gobierno, sancionados por Estados Unidos, al meterlos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que vigila el cumplimiento de esas sanciones.
“El Departamento del Tesoro presiona a los bancos para que cumplan con la Lista de la OFAC, y como la gente del Gobierno siente que no pueden obligar al Banpro a que les reabra las cuentas, primero comenzaron a imponerle unos controles leoninos, para reducirles el mercado, y como no pudieron obligarlos a hacer lo que querían, cerraron Delta para presionarlos más”, añadió.
