La Policía, al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó el cierre de la empresa de seguridad y vigilancia privada Delta. Una compañía que tiene en su planilla a 900 agentes de seguridad y custodia a unas 300 empresas comerciales y de servicios del país.
Según una fuente ligada a Delta, la Policía canceló el permiso de operaciones y decomisó armas reglamentarias, entre escopetas y revólveres calibre 38 de la compañía, «y sin ninguna razón por que la empresa tiene todo en orden y no hay ningún tipo de notificación fiscal ni siquiera de la misma Policía», confió el informante.
«Y están ocupando las armas de todos los puestos a nivel nacional. Esta es una empresa de seguridad física, una empresa de las más grande del país con clientes muy reconocidos como Banpro, Multicentro Las Américas, Guacalito de la Isla, Matadero San Martín, Agricorp, el ingenio Cassur, Aceitera Real, Hotel Hex, entre otras», detalló el informante, quien pidió hablar bajo anonimato por temor a represalias.
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El operativo se ha extendido por varios días. «El viernes (15 de octubre) vinieron dos patrullas con 12 policías de alto rango, desarmaron a los guardas de las oficinas y se llevaron las armas de reglamento que tenían asignadas y otras que estaban en las instalaciones. Ese mismo día empezaron a llegar a las empresas custodiadas, por ejemplo el Banpro, y les quitaron las armas a los guardas. Hoy (jueves) volvieron a venir y se llevaron una cantidad considerable de armas de las oficinas. Las llevaban en un saco», describió la fuente.
La empresa de seguridad está realizando las liquidaciones de los 900 trabajadores, mayoritariamente guardas de seguridad y procediendo a liquidar las obligaciones de la entidad ante el Estado, lo que conllevará dejar en el desempleo a ese número de familias, pero también tendrá que cancelar contratos con las empresas custodiadas.
Artículo 66 intentó obtener la versión oficial del gerente de la empresa Delta, ubicada en residencial Altamira, pero nadie pudo atendernos. En los dos números de teléfonos que aparecen en el portal de la compañía únicamente responde la grabadora y no transfiere a ninguna área, mientras que en el edificio, el guarda de seguridad dijo escuetamente que el representante únicamente está por las mañanas.
Según el sitio web de la compañía, Delta tenía 10 años de operar en Nicaragua y son expertos en seguridad física y vigilancia electrónica. Atiende a 300 empresas y posee 900 agentes dedicados a vigilar estos comercios.
La competencia
Aunque por ahora se desconoce a qué empresas de vigilancia tendrán que contratar las 300 compañías que quedarían sin custodia de Delta, lo cierto es que con esta maniobra la dictadura de Ortega se estaría sacudiendo a un competidor en materia de seguridad y vigilancia privada, porque el círculo económico del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene entre sus empresas también algunas de ese mismo rubro, que cuenta con la protección y la influencia policial para operar.
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Una de las empresas de seguridad ligadas al sandinismo es El Goliat, la compañía que nació como parte del conglomerado ligado a Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo; y de José Mujica Mejía, uno de los testaferros del círculo económico del régimen.
Tanto El Goliat, como Rafael Ortega y José Mujica, fueron incluidos en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2019. Whasington señala a El Goliat de recibir millones en contratos gubernamentales y brindar protección a las empresas familiares del clan Ortega-Murillo. Además menciona la posibilidad de que estas compañías estén siendo usadas como estructuras para el lavado de dinero.
«Están siendo designados por ser propiedad o estar controlados por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Rafael Ortega, cuya propiedad e intereses en la propiedad son bloqueado de conformidad con EO 13851», dijo el Departamento del Tesoro en la nota en la que se informó sobre la sanción a la empresa de seguridad El Goliat.
