La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), demandó al régimen de Daniel Ortega mejorar las condiciones en las que se encuentran los más de 140 presos políticos, quienes carecen de buena alimentación y atención médica, principalmente los 37 ciudadanos detenidos en los últimos meses y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo “Chipote”.
A través de un pronunciamiento, la organización opositora señaló que “por respeto a la dignidad humana”, las autoridades judiciales —controladas por la dictadura—, deben brindar las condiciones mínimas a cada reo político como una alimentación adecuada, permitir un régimen de visitas de sus familiares y abogados, asistencia médica y cambiar la medida cautelar al régimen domiciliar a los privados mayores de 60 años.
“Nuestros integrantes y demás presos políticos no reciben una alimentación adecuada. Por tal razón, todos presentan desnutrición y deshidratación severa. No basta las bebidas hidratantes, suero oral y el consumo de suplementos alimenticios (Ensure); ; ya que estos productos son ayuda a la mala alimentación, pero no pueden suplir una adecuada nutrición», detalló la ACJD.
El bloque opositor mencionó los casos particulares de los opositores José Adán Aguerri, Lesther Alemán, Max Jerez y Juan Sebastián Chamorro —este último fue aspirante a la presidencia de Nicaragua—, quienes llevan más de cien días secuestrados en el nuevo Chipote, donde son sometidos a continuos interrogatorios y no les permiten diferenciar el día de la noche, según la Alianza Cívica.
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“Las luces de la celda se mantienen encendidas permanentemente. No tienen acceso a suficiente a la luz solar, vital para vitaminar la piel, actividades lúdicas ni lectura”, agregó. El pasado 12 de octubre más de 30 reos políticos pudieron recibir la segunda visita de sus familiares, la primera fue el 31 de agosto y primero de septiembre, cuando la mayoría de los detenidos cumplían más de 80 días presos.
Las demandas de la ACJD
La organización opositora expuso seis demandas que las autoridades judiciales “están obligadas a respetar” como el derecho a la defensa, al debido proceso y asegurar a los privados de libertad un contacto regular con sus representantes legales:
1- Al respecto demandó que cada preso político de conciencia pueda ver a su familia mediante la implementación del régimen que prevé la ley de Nicaragua, y que sea adecuado, regular y previsible de visitas. Las visitas deben de realizarse con la periodicidad señalada en el Reglamento Penitenciario.
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2- Permitir el ingreso de medicinas, alimentos e insumos de higiene personal.
3- Otorgar suficiente tiempo de luz solar directa cada día, para cada prisionero político.
4- Acceso a un abogado elegido libremente por cada prisionero de conciencia; y a que cada persona procesada o acusada participe en la preparación de cada audiencia
5- Una medida cautelar diferente a la prisión para los nueve los presos políticos mayores de 60 años. “Este es un derecho establecido en el Código Procesal Penal y en la Ley del Adulto Mayor”.
6-Inmediata asistencia médica para cada preso político que lo requiera.