Daniel Ortega sepultó la posibilidad de elecciones en Nicaragua. Estas son las razones

Las elecciones en Nicaragua desde 2008 se quedaron en una utopía. Daniel Ortega y su séquito han tomado el control de todos los poderes del Estado en un proceso sistémico que les ha llevado 15 años. La gestión de poco a poco controlar el país inició en 2000 cuando Ortega pactó, con el entonces presidente Arnoldo Alemán, un acuerdo que únicamente tenía como fin repartirse el poder.

En el país ya nadie puede elegir, las votaciones se convirtieron en un mero trámite para que Ortega inicie el próximo 10 de enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo y el segundo de la mano de su esposa Rosario Murillo.

Los comicios generales del siete de noviembre están precedidos por una serie de acciones que el régimen empleó para sepultar la oportunidad de los nicaragüenses a elegir a sus autoridades. 

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Ortega y Murillo usan todos los mecanismos a su alcance para callar a todo el que critique su administración. Entre sus más recientes acciones está la creación de nuevas leyes represivas para inhibir a los candidatos, encarcelar a los principales liderazgos opositores, reforma cosmética a la Ley Electoral, cancelar su personalidad jurídica a tres partidos políticos, eliminar de facto la campaña electoral, entre otras.

Inhibir con leyes represivas

La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2020 la Ley de Defensa del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, una herramienta jurídica del régimen que persigue inhibir a cualquier candidato opositor que critique a Ortega.

La Ley Soberana explica en el artículo uno que serán «traidores a la patria» quien pida o celebre sanciones contra los funcionarios orteguistas, incite a la «injerencia extranjera», pida intervención militar, proponga o gestione bloqueos económicos y quienes lesionen los «intereses supremos de la nación».

Esta ley es usada por la dictadura para perseguir y encarcelar opositores desde finales de mayo de 2021, a pocos meses de celebrarse la denominada «farsa electoral» del siete de noviembre.

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Encarcelar opositores

La Ley 1055 o Ley Soberana es el instrumento «legal» usado por el régimen para encarcelar desde mayo a 37 opositores que criticaron la administración de Ortega desde los diversos espacios de opinión pública, la mayoría son miembros de grupos eliminados del proceso electoral.

Ortega ordenó a la Policía que los capturara y encerrara en la cárcel para que eliminar toda competencia y elegir entre los partidos colaboracionistas con quién «medirse» en las urnas.

Entre los detenidos están siete aspirantes presidenciales, periodistas, exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles, líderes del Movimiento Campesino, líderes territoriales y empresarios. Solo de la Unidad Nacional trece dirigentes están presos.

Canceló partidos políticos

El Consejo Supremo Electoral (CSE) arrebató la personalidad jurídica al Partido Conservador (PC) el 18 de mayo de 2021, días después al Partido Restauración Democrática (PRD) y el seis de agosto al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), terminando de aniquilar cualquier resquicio de oposición a la dictadura. 

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Al cancelar al PRD, Ortega sacó del juego a la Coalición Nacional, el grupo opositor que aglutinaba al Movimiento Campesino, la Unidad Nacional, el Partido Resistencia Nicaragüense, Yatama, el mismo PRD y otras agrupaciones nacidas después de abril 2018. El régimen allanó el camino para correr en las elecciones en Nicaragua con los candidatos que él quiera.

Eliminó la campaña electoral

La campaña electoral inició el sábado, 25 de septiembre, y está prohibido realizar concentraciones masivas en lugares cerrados, caravanas vehiculares y el tope máximo será de 200 personas en lugares abiertos, también tendrán que guardar dos metros de distancia entre personas, según un protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud y el Consejo Supremo Electoral que los partidos políticos colaboradores del régimen se comprometieron a cumplir. El CSE animó a los partidos políticos a usar la tecnología para hacer proselitismo político.

La decisión del CSE fue criticada en redes sociales y Rosario Murillo salió a defenderla y la justificó. «Todas las medidas que con el Minsa y con la garantía de la Policía Nacional se estarán aplicando para asegurar que el proceso electoral en nuestro país se dé con todas la seguridad y medidas de protección que todos los partidos y la ciudadanía exigen”, señaló Murillo.

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La falsa pluralidad política

Aunque en la boleta electoral parezca que Ortega se medirá en las elecciones en Nicaragua contra otros partidos políticos, todos los inscritos son señalados de ser colaboradores del régimen, muchos de ellos no lograron ni el 2% de los votos válidos en las pasadas elecciones nacionales. Algunos solo aparecen en tiempos de campaña para acceder al reembolso electoral.

El pasado 16 de septiembre, más de cien exjefes de Estado de todo el mundo, organizados en el Club de Madrid, pidieron a la comunidad internacional congelar el financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y llamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar lo más pronto posible la Carta Democrática, como respuesta a la ola represiva desatada por el régimen de Nicaragua contra la oposición.