El régimen de Daniel Ortega, desde el mes de mayo empezó una escalada represiva, una persecución contra la oposición, medios de comunicación y ha eliminado la personalidad jurídica de tres partidos políticos, encarceló a siete precandidatos presidenciales y al liderazgo de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y campesinos, estos son apenas unos elementos que la dictadura usó para eliminar cualquier posibilidad de realizar unas elecciones libres, justas, transparentes y competitivas en Nicaragua, resalta la campaña ciudadana #PasáLaVoz.
Esta campaña ciudadana también señala que el proceso electoral y las votaciones de noviembre son ilegítimas por las acciones emprendidas por la dictadura contra todas las voces disidentes. «Vemos la escalada represiva contra opositores en los territorios, departamentos y municipios, en ese sentido no creemos que haya condiciones para unas elecciones libres y transparentes el siete de noviembre», dijo a Artículo 66 una de las personas que promueve la campaña bajo el anonimato por temor a represalias del dictador.
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La fuente explicó que no se puede ir a elecciones con un régimen que viola los derechos más elementales de los ciudadanos como el derecho a la libre movilización, organización y expresión. «No podemos ir a elecciones libres si todos los periodistas son asediados, amenazados, hostigados, entonces, definitivamente no es un clima electoral propicio para que estas elecciones tengan un tipo de legitimidad. Sabemos que Ortega al deshacerse de toda la competencia que pudiera tener, ya está más que claro los resultados de las elecciones de este noviembre», explica.
Amnistía Internacional: «Desaparición forzada, una estrategia de represión en Nicaragua». Foto: Confidencial.
La iniciativa anima a la población a denunciar este proceso electoral a todos los niveles como un proceso ilegítimo y desconocer los resultados que darán como ganador al dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. El desconocimiento, asegura, se debe hacer a través de una estrategia bien elaborado que ya se trabaja desde organizaciones políticas y de la sociedad civil.
«Hay que trabajar una estrategia internacional, que entiendo varias organizaciones como la Unidad Nacional y otras organizaciones están trabajando en esa estrategia de desconocimiento del régimen a través de este proceso electoral. Lo que se tiene que hacer es buscar el mayor rechazo generalizado tanto a nivel nacional como internacional de la ilegitimidad de origen del régimen», añadió.
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Manifestó que con esa estrategia de desconocimiento se podría conseguir la suficiente presión internacional e interna para pedir un nuevo proceso electoral o un adelanto de las elecciones de 2026. «El régimen, al conseguir una declaración generalizada de ilegitimidad va a enfrentarse a un aislamiento internacional, más sanciones económicas. Lo que creemos, es que puede crear bastante presión para obligar al régimen a unas nuevas elecciones o adelantar las del 2026», aseveró.
Desde finales de mayo, el dictador ordenó el arresto de más de 30 liderazgos opositores, capturó a siete aspirantes presidenciales, empresarios, estudiantes, campesinos, exdiplomáticos, periodistas y una defensora de derechos humanos. Todos están detenidos por supuestamente violar la Ley 1055, instrumento jurídico creado para inhibir a cualquier disidente de las órdenes del régimen.
