La aprobación de más de 10 leyes «inconstitucionales y persecutorias» que mantienen en zozobra a la población nicaragüense, el encarcelamiento de más de 150 opositores y las violaciones al debido proceso judicial ha permitido al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo crear «una especie de legalidad paralela», considera Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La defensora explicó, durante un encuentro virtual titulado «La vulneración de los derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua», que cualquier análisis del funcionamiento del Poder Judicial tiene que ubicarse en el contexto de un «progresivo deterioro de la institucionalidad» que ha llevado a la consolidación de un régimen antidemocrático donde no hay estado de derecho ni separación de poderes, y donde se vive un estado de excepción de hecho, como lo ha llamado la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), y donde las calles son testigos mudos de una militarización intimidante.
«(El Poder Judicial) en vez de administrar justicia de conformidad con la ley, la usa para perseguir a quienes el régimen considera “enemigos” o con su inactividad y silencio garantizan la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua. La gente ya no cree en los tribunales de justicia», criticó Núñez.
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El análisis del Cenidh señala que la vulneración de los derechos humanos de los nicaragüenses se divide en cuatro grandes partes: El Poder judicial como instrumento de represión, la promulgación de leyes represivas, las violaciones al debido proceso y la impunidad. Núñez señaló que la falta de independencia de esa entidad estatal «no es nueva» porque con la pérdida del poder del FSLN en 1990, el sandinismo decidió controlar de manera absoluta la justicia en el país.
Núñez manifestó que el régimen, al controlar el Poder Judicial, ha enviado a juicio a centenares de opositores para eliminar la competencia electoral y sofocar las protestas sociales. La Fiscalía los acusa por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. «De forma secreta realizan la audiencia preliminar donde admiten la “acusación” y decretan prisión preventiva, sin la presencia de su abogado defensor de confianza, a pesar de haber proveído formalmente la remoción del nombrado de oficio y haberle dado la intervención de ley. Posteriormente, realizan las audiencias iniciales, donde rechazan todas las solicitudes e incidentes alegados por los defensores y mantienen la medida cautelar de prisión preventiva, y los remiten a juicio», enfatizó.
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Añadió que esos procesos penales «violan abiertamente el derecho a la libertad individual y garantías del debido proceso y todos los derechos humanos» que los Estados deben respetar a toda persona privada de libertad como la vida, la integridad y la dignidad de las personas. «En esas circunstancias las personas encarceladas se encuentran en situación de vulnerabilidad y bajo la custodia directa de los funcionarios que ejercen su cuidado, cualquier cosa que les pase es responsabilidad directa del Estado», dijo.
La defensora enfatizó que los juicios en contra de los rehenes políticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo son una fábrica de violaciones a los derechos humanos de los acusados como la presunción de inocencia, la libertad individual, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, mediante tortura aislamiento e incomunicación prolongada, sin comunicación con sus familiares.