El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió, mediante un comunicado con fecha 11 de noviembre, que la recién aprobada Ley de Reforma Parcial a la Constitución en primera legislatura, con la que el régimen Ortega-Murillo está instaurando la pena de prisión perpetua para castigar lo que llaman crímenes de odio, es un «manoseo a la Carta Magna» que tiene como único fin continuar la represión contra el pueblo nicaragüense y llamó a los diputados sandinistas a rectificar su actuación en la próxima legislatura cuando les toque ratificar la reforma.
«El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ve con mucha alarma la inconsulta reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, aprobada con 70 votos por parte de los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, que pretende establecer la pena de prisión perpetua revisable en el país. Es evidente que la misma es un manoseo formal a la Carta Magna, un retroceso en materia penal y su objetivo es amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión».
Los diputados obedientes a las instrucciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobaron el martes, 10 de noviembre, al artículo 37 de la Constitución de Nicaragua el que actualmente el que ahora expresa que «la pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años».
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Con el ajuste, «excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves para cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación».
El organismo critica que la reforma desde el punto de vista jurídico es una «completa aberración que no llena los requisitos necesarios para impulsar una reforma como la que se pretende, planteando más bien una contradicción entre el párrafo primero y segundo del artículo 37, no es clara y despierta muchas dudas. ¿Cuál en verdad es la pena que debe prevalecer como pena máxima? ¿Los treinta años de prisión? o ¿La prisión perpetua revisable? Ahora: ¿Qué es una pena revisable? ¿Revisable por quién? ¿En qué momento procesal?», pregunta enfáticamente el Cenidh que ha señalado constantemente que la pena de prisión de por vida en realidad está dirigida para reprimir a la oposición política que protesta por libertad y democracia.
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Además, explican en su comunicado que la aplicación implicaría una reforma del Código Penal actual, donde debe incluirse la tipificación de nuevos delitos y una lista de agravantes taxativas, puesto que en materia penal no está permitida la interpretación extensiva de la ley.
«Esta posibilidad es una amenaza para la gente que cívicamente lucha por sus derechos ya que, si bien se contempla que la aplicación será determinada por una ley, no se puede confiar en la seriedad de normas jurídicas que llevarían implícitos nombres y apellidos para ser aplicadas en un escenario de peligrosa y agresiva discrecionalidad por parte de un Poder Judicial que ha perdido su independencia y actúa en función de los intereses del régimen Ortega Murillo», reclama el Cenidh.
Igualmente, llama la atención en lo referente a la forma en que se ha llevado a cabo la reforma constitucional para instaurar la «cadena perpetua», asegurando que en el proceso de aprobación se han violando los procedimientos de formación de la ley, «es una violación a los derechos humanos, pues la misma constituye una amenaza psicológica a la población en general, por la inseguridad jurídica que establece, violaría, además, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia».
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El comunicado recuerda a los diputados orteguistas que tienen la oportunidad de rectificar en la próxima legislatura y exige al régimen Ortega-Murillo «el cese de estas modalidades de represión revestidas de supuesta legalidad pretendiendo vender la imagen de indignación frente a los hechos criminales cometidos en contra de dos niñas en Mulukukú, RACCN, con lo cual tratan de encubrir su confesado propósito de persecución y represión contra quienes les adversan, lo que fue confesado en el discurso del 15 de septiembre por el mandatario Daniel Ortega».
Finalmente, los defensores de los derechos humanos hacen hincapié en que condenan «toda esta maniobra y llama a los nicaragüenses a no dejarse intimidar y fortalecer la lucha en la defensa por sus derechos humanos hasta conseguir la justicia y la democracia en Nicaragua».