El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, destacó que el arresto, enjuiciamiento y condena a 10 años de cárcel contra la activista opositora matagalpina María Esperanza Sánchez es injusto, y aboga por la libertad de ella y de todas las personas presas políticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, este sábado, cuatro de septiembre, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental señala que «el régimen Ortega-Murillo ha encarcelado injustamente a María Esperanza Sánchez desde enero de 2020. Esperanza es uno de los muchos nicaragüenses que han arriesgado su vida y su libertad para llevar la democracia a su país».
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El mensaje de la diplomacia norteamericana describe a la actual presa política como «una madre soltera de Matagalpa que se unió a las protestas a favor de la democracia en el 2018. Fue atacada casi de inmediato por multitudes a favor del Gobierno y parapolicías, acosada hasta el punto de perder su trabajo. Las multitudes pintaban amenazas de muerte en el costado de su casa. La constante agresión obligó a Sánchez a huir de su vivienda en el 2019».
La opositora fue detenida de forma arbitraria el 26 de enero de 2020, en una casa de seguridad en Managua, donde se había tenido que resguardar del constante acoso de las fueras represivas policiales y parapoliciales del régimen.
Tras su detención, el Ministerio Público, subordinado a la dictadura Ortega-Murillo y que ha sido señalado de fabricar pruebas falsas contra opositores para lograr encarcelarlos, la acusó de tráfico de drogas. Actualmente está en la prisión de mujeres La Esperanza, donde, según denuncias de sus familiares, ha sufrido ataques de asma, de hipertensión y le diagnosticaron bronquitis. Las denuncias señalan que se le ha negado repetidamente la asistencia médica y el acceso a los medicamentos.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que monitorea la situación de los presos y presas políticas en Nicaragua, ha señalado que «todas estas prácticas (del régimen Ortega-Murillo) muestran la persistencia de las detenciones y condiciones penitenciarias en Nicaragua contra líderes, lideresas y manifestantes antigubernamentales, que irrespetan los estándares interamericanos de derechos humanos».
El organismo regional defensor de derechos humanos ha insistido que la tiranía debe «respetar la libertad personal, el debido proceso -especialmente, garantizar la integridad, salud y vida de personas bajo custodia- y promover la pronta liberación de personas presas bajo cargos infundados en el contexto de la crisis de derechos humanos».
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Sánchez fue declarada culpable del supuesto delito de tráfico de drogas por un juez orteguista el 8 de mayo de 2020 y a principios de julio de ese mismo año le dictaron sentencia de 10 años de prisión y a una multa equivalente a 900 dólares.
