La organización CIVICUS ha emprendido la campaña «conviértete en mi testigo» con el fin de exigir la liberación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el mundo, que por razones políticas permanecen encarcelados. La iniciativa incluye a la activista y defensora nicaragüense María Esperanza Sánchez, originaria de Matagalpa, que permanece presa desde el 26 de enero de 2020.
Los organizadores de la campaña afirman que hay miles de personas en prisión como consecuencia de «juicios injustos y falsas acusaciones», y en medio del COVID-19 que afecta a todo el mundo el privarles la libertad «amenaza su ya precaria salud y bienestar» por ello insisten en que «necesitamos que uses tu voz para que no sean silenciados».
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El 18 de julio de 2020, CIVICUS lanzó la campaña en el marco del cumpleaños de Nelson Mandela en ella se pide «la liberación inmediata de los defensores de los derechos humanos y el cese de las persecuciones». Además piden a los Estados «garanticen la realización de actividades pacíficas en materia de derechos humanos, sin temor a represalias e intimidaciones».
Los pasos para ser parte de la campaña es ingresar a conviértete en mi testigo actuar en las redes sociales, en los que la organización pide utilizar un kit para compartir mensajes de solidaridad. Seguidamente enviar la carta para poner la atención sobre sus casos y exigir su liberación inmediata, en total son siete perfiles y por último compartir con la organización CIVICUS información sobre otros defensores que no hayamos contemplado en nuestro mapa interactivo.
La organización indica que al sumar tu voz darás a los defensores de derechos humanos, sus familias, amigos y colegas «una razón para que renueven sus esperanzas de un futuro mejor en estos tiempos difíciles».
¿Quién es María Esperanza?
María Esperanza es una activista que lucha contra la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Desde el inicio de las manifestaciones contra la dictadura de Ortega, en abril de 2018, protestaba por la liberación de los presos políticos. Es hija de un antiguo dirigente sindical. Sánchez denunció que por su participación en el movimiento cívico fue perseguida, amenazada y despedidad de varios trabajos.
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El 26 de enero de 2020, la detuvieron de forma arbitraria acusándola de tráfico de drogas, Actualmente está en la prisión de mujeres “La Esperanza”, donde ha sufrido ataques de asma, de hipertensión y le diagnosticaron bronquitis. A ella se le negó repetidamente la asistencia médica y el acceso a los medicamentos, así como cualquier tipo de protección o medidas de seguridad contra la epidemia de COVID-19. Debido a sus problemas de salud crónicos, hay un alto riesgo de que desarrolle complicaciones derivadas del coronavirus.
El 8 de mayo de 2020, fue declarada culpable de tráfico de drogas. A principios de julio, la condenaron a 10 años de prisión y a una multa equivalente a 900 dólares y 500 días de prisión, pero se negó a firmar los documentos que aceptaban esta condena.
