En los últimos siete días, Nicaragua registró un total de 191 muertes sospechosas de Covid-19, revelaron datos del Observatorio Ciudadano, lo que refleja un 97 por ciento de incremento en comparación a los decesos reportados en la semana del 19 al 25 de agosto que fueron 97.
El informe del Observatorio también refleja un aumento en los contagios, que durante este periodo fueron de 1,088, cifra superior a los 796 registrados en la semana anterior, lo que deja en evidencia que Nicaragua está atravesando uno de los momentos más álgidos de la pandemia. En su último informe el Minsa contabilizó 568 personas positivas al virus, superando los 480 casos que se registraron en la primera ola de contagios, en mayo de 2020.
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Llegó al país, el segundo lote de vacunas AstraZeneca donadas por España a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en el marco del mecanismo europeo de distribución de vacunas. Se trata de 333 mil 700 dosis que se suman a las 97 mil 920 proporcionadas por España, hace un mes. Nicaragua continúa inmunizando a las personas mayores de 45 años, según un Plan de Vacunación, del que se desconocen los detalles.
El viernes se enfrentaron a audiencia inicial, los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Hugo Torres, Suyén Barahona y Dora María Téllez, mediante «audiencias secretas» realizadas en el Complejo policial conocido como «El Nuevo Chipote», por el supuesto delito de «conspirar» para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado. Cada uno de los presos político fue remitido a juicio. La misma medida fue aplicada el jueves contra el opositor Víctor Hugo Tinoco.
La Fiscalía también informó que los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Francisco Aguirre Sacasa fueron acusados el día jueves por el mismo delito, y hoy se llevaron a cabo las audiencias preliminares. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que las “audiencias secretas” en contra de los reos políticos son una clara violación al debido proceso.
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Familiares del preso político Bryan Kessler Alemán, originario de Managua y actualmente cautivo en los calabozos del Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, denunciaron que desde hace un mes se encuentra con síntomas asociados al COVID-19 y sin recibir atención medica.
«Mi hermano está muy mal de salud desde hace un mes y las autoridades del Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa niegan traerlo al hospital para chequear su salud. Él tiene fiebre, tos, diarrea, dolor de garganta, cansancio y dolor de cuerpo», denunció Hanzi Alemán, hermana del reo de la dictadura.
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Nicaragüenses en Costa Rica, la mayoría en el exilio, realizaron un plantón frente a las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para protestar contra el respaldo económico que le brinda a la dictadura de Nicaragua. El BCIE es uno de los pocos organismos financieros que sigue oxigenando al régimen desde las sanciones internacionales contra el círculo corrupto y violadores de derechos humanos de Daniel Ortega. Opositores denuncian que los fondos otorgados sirven para actividades represivas y propaganda política.
El Partido Conservador (PC) emitió un comunicado conjunto con la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) en el que expresan que «no hay por quién votar» en las próximas elecciones previstas para el siete de noviembre. El partido dirigido por Alfredo César, cuya personería jurídica fue cancelada a mediados de mayo, aclaró que los cuatro miembros de la organización política que ahora aparecen como candidatos a diputados en otros partidos, calificados como “colaboracionistas” del régimen, son personas que desacataron a la Junta Directiva y, por tanto, fueron destituidos de sus cargos dentro del Partido Conservador por indisciplinados o negligentes.
El 23 de agosto, trece hombres, mujeres y niños indígenas fueron cruelmente asesinados por colonos armados en el Caribe nicaragüense. La denuncia fue hecha por líderes comunitarios que demandan una investigación sobre el caso, sin embargo, a la fecha, las autoridades nacionales no se han pronunciado al respecto. El viernes, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo eco de la denuncia, señalando que «el silencio ante tal barbarie es simplemente inaceptable en una sociedad civilizada».
