El padre Dámaso Suazo, de 66 años, vicario de la iglesia San Juan Bautista del municipio de Muy Muy, Matagalpa, falleció la mañana de este lunes en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, informó que el sepelio sería «de manera inmediata». La Arquidiócesis de Managua informó, por su parte, que el cardenal Leopoldo Brenes “está respondiendo positivamente al medicamento” tras dar positivo a la prueba antiCovid.
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Al menos 15 sacerdotes nicaragüenses han fallecido por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Datos oficiales confirman que el país presenta un repunte de contagios en las últimas semanas, con más de 400 casos.
El Ministerio de Salud (Minsa) recibió una donación de insumos y equipos médicos para fortalecer la cadena de frío en respuesta a la pandemia del COVID-19. Se trata de 600 termómetros electrónicos y 600 termos para transporte de vacunas con un valor estimado de 1.5 millones de dólares. La entrega se realizó a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en colaboración con el gobierno de Japón, y se prevé que, con este donativo, el país pueda almacenar vacunas Pfizer.
La vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que en los próximos días estarán llegando al país, segundas dosis de la vacuna Sputnik-V, procedentes de la Federación de Rusia, sin especificar la cantidad exacta de estas. El régimen tampoco ha detallado cómo avanza el Plan de Vacunación contra el virus ni cuántos recursos ha dispuesto el país para comprar más vacunas.
El abogado internacional Jared Genser, defensor de los presos políticos y aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, aseguró que Daniel Ortega tiene miedo a perder el poder, miedo a la justicia y a la rendición de cuentas. Genser calificó al presidente de Nicaragua de «perro rabioso, acorralado, atrapado y tirando a morder a cualquiera que le pase cerca» y dijo que es peligroso.
El jurista manifestó que el dictador cree que se puede salir con la suya, pero todo dependerá de la reacción de la comunidad internacional frente a lo que pasa en Nicaragua.
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La Fundación Arias para la Paz presentó un libro que documenta las torturas y la violencia sexual cometidos por los operadores del régimen en contra de manifestantes, durante las protestas sociales de 2018.
El libro sintetiza la investigación sobre el uso de la Violencia Sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen Ortega-Murillo, la cual fue elevada a un Tribunal de Conciencia en Costa Rica, en el que juristas revisaron 18 testimonios de víctimas que fueron detenidas de manera ilegal y posteriormente torturadas. El lanzamiento del libro se realizó con la colaboración de la Plataforma de Acceso a la Justicia y con el apoyo de la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger.
Cadenas todavía recibe atención psicológica, tras ser víctima de tortura sexual múltiple. Foto: Ana Cruz.
El periodista y jefe de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Josué Garay, abandonó Nicaragua el viernes, 28 de agosto, ante la advertencia de su posible detención y restricción migratoria. Organizaciones de derechos humanos contabilizan unos 155 presos políticos de la dictadura de Nicaragua, algunos de ellos sometidos a «audiencias secretas» en las que se les imputan cargos sin la presencia de un representante legal elegido por ellos. La comunidad internacional ha rechazado este tipo de maniobras, asegurando que son «una grave violación a los derechos humanos».
El conductor del bus en el que falleció un niño de cuatro años, debido a las malas condiciones de la unidad del transporte público, está en libertad; y se comprometió a pagar 20 mil dólares por indemnización a la familia de la víctima.
El chofer y dueño del bus que cubre la ruta 117 en Managua, Jorge Alberto Hernández Lozano, de 52 años, llegó a una mediación con la madre del niño, Josseling Gaitán, en la que se estableció pagarle de inmediato 12 mil dólares a la señora y entregarle los otros ocho mil dólares restantes, en dos cuotas.
Medios nacionales reportan que Jorge Hernández era socio de la Cooperativa Parrales Vallejos y hace once años, había adquirido el bus ruso. Mientras tanto, las autoridades nacionales y las encargadas de supervisar el servicio del transporte público no han rendido cuenta por lo ocurrido.