Médicos de Iberoamérica abogan por agilizar permisos de trabajo a doctores nicaragüenses en el exilio

La Confederación Médica de Iberoamérica y el Caribe abogó para que a los médicos nicaragüenses exiliados les otorguen los permisos de trabajo que les permitan seguir desarrollando sus funciones en los países de acogida, mientras se resuelve la crisis sociopolítica en Nicaragua.

El organismo señala especialmente la situación que atraviesan los médicos en Nicaragua que son objeto de las presiones del régimen por el ejercicio responsable y ético de la profesión. 

«A raíz de los eventos de abril del 2018, los colegas del sector público que atendieron a los heridos fueron despedidos y los que ejercían privadamente fueron perseguidos penalmente. Que algunos de estos colegas tuvieron que huir de su país», explica.

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Doctores en el exilio han manifestado que se les dificulta conseguir el permiso de trabajo para ejercer su profesión en los países vecinos y han optado por realizar otras labores ajenas a sus estudios para generar ingresos y cubrir sus gastos de alimentación y renta.

La Confederación asevera que la persecución contra el gremio médico en Nicaragua persiste por el abordaje de la pandemia de coronavirus. Cuando los profesionales de la salud demandaron medidas y equipos de protección, el régimen los amenazó y despidió a un grupo de galenos que desafiaron a la dictadura y elevaron su voz para denunciar la mala administración de la pandemia en Nicaragua.

«Esta situación de persecución se repite (…) fueron despedidos bajo el señalamiento que alteraban la tranquilidad pública y médicos del sector privado que atendían pacientes u orientaban a la población sobre las medidas de autoprotección frente a la pandemia fueron llamados a parar las declaraciones so pena de retirarles la licencia para el ejercicio de la medicina o la aplicación de medidas penales, entre otros cargos por terrorismo», sostiene el comunicado.

En el escrito también se enfatiza en la estocada que el régimen asestó a las asociaciones médicas al cancelar la personalidad jurídica a 15 ONG que abordaban temas de salud, incluido el de la pandemia de COVID-19. Los médicos aseguraron que la decisión de cancelar sus permisos es una pérdida para la población y que la dictadura venía planeando el golpe final desde el 2018, año en el que dejó de recibir los informes de las organizaciones, excusa que usó para desmantelarlas.