La Ley Renacer fue aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, como parte de las acciones que el Gobierno norteamericano impulsa para presionar al régimen nicaragüense para que garantice elecciones libres y transparentes en el país, y cese la represión.
La normativa permite imponer nuevas sanciones individuales y específicas contra los operadores políticos y financieros del régimen, incluyendo al mismo Daniel Ortega. Esta iniciativa busca también restringir los préstamos a la dictadura por parte de instituciones financieras internacionales, exceptuando los proyectos humanitarios. También incluye una enmienda de revisión al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Nicaragua.
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Miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada, fue designada como la fórmula presidencial del exContra Óscar Sobalvarro. Ambos representarán a la agrupación de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), encabezada por Kitty Monterrey, en los eventuales comicios generales de noviembre de 2021.
La reina de belleza, de 27 años, fue la carta revelación que destaparon los convencionales de CxL. Con ello, queda sellado el entierro del mecanismo de selección que promovía esa entidad para elegir a sus supuestos representantes de la casilla 15. Los precandidatos que se sometieron a ese proceso están, en su mayoría, encarcelados y el que les quedaba en libertad, Américo Treminio, fue descartado por no contar con «arrastre y popularidad» entre los nicaragüenses. Con el ofrecimiento de la candidatura a la Vicepresidencia, Quezada incursiona en la política nacional.
El anuncio se realizó durante la Convención del CxL realizada en un hotel capitalino, en la que participaron 205 convencionales departamentales y regionales.
La presidenta del partido CxL, Kitty Monterrey, sostuvo que su organización política y sus candidatos presidenciales no serán colaboracionistas del régimen como lo ha señalado una parte de la población al verlos continuar en la contienda electoral, pese a la falta de condiciones que garanticen unos comicios libres, justos y transparentes.
El excomandante de La Contra, Óscar Sobalvarro, designado por CxL y ratificado en la convención, en su discurso de aceptación de la nominación, aseguró que su primera tarea, de ganar la presidencia, es promover la unidad de todos los nicaragüenses en un solo proyecto de nación.
Berenice Quezada y Óscar Sobalvarro, la fórmula presidencial impuesta por CxL.
«Los grandes ausentes» fue una facción de la Alianza Cívica, integrante de la alianza electoral, que ha decidido tomar distancia del partido de Kitty Monterrey por aparentes inconformidades ante los supuestos “dedazos”.
La aplanadora orteguista aprobó con 72 votos la cancelación de 24 personalidades jurídicas a ONG de carácter profesional, por supuestamente «incumplir sus obligaciones ante el Estado de Nicaragua». Aproximadamente 15 de esas entidades pertenecen al gremio médico.
Esta nueva imposición se suma al paquete de actos represivos en contra de los profesionales de la Salud independientes que se han visto obligados a cerrar sus instalaciones. Lo más reciente han sido las citatorias contra galenos que informan sobre la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Salud (Minsa) los señala por supuestamente «crear información falsa» y los amenaza con aplicarles la Ley de Ciberdelitos y con esto, cancelarles la licencia médica.
La cancelación también contempla el despojo de los bienes y activos de las fundaciones, los que pasarán a ser propiedad del Estado, en caso que en sus estatutos no se contemple el destino de los mismos.
La renovación de la residencia del rector del Santuario Tepeyac, en San Rafael del Norte, fray franciscano Damián Muratori, sigue en espera. Según una comunicación emitida por esa agrupación, las autoridades migratorias otorgaron una ampliación de 90 días de permiso para que el religioso pueda permanecer en Nicaragua.
Fray Francisco Damián ha denunciado que este «juego» tiene motivaciones políticas basadas en una falsa acusación que lo señala como «tranquero», actos supuestamente ejecutados durante las protestas sociales de 2018, lo cual habría motivado que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) lo mantenga en zozobra sobre su estatus legal, después de más de 40 años de trabajo para la Iglesia católica.
