La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles, 28 de julio, la cancelación de 24 personalidades jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales de carácter profesional, por supuestamente «incumplir sus obligaciones ante el Estado de Nicaragua». Aproximadamente 15 de las entidades son del gremio médico. Esta nueva imposición se suma al paquete de actos represivos en contra de los profesionales de la salud independientes que se han visto obligados a cerrar sus instalaciones, interrogados y amenazados por el régimen.
La iniciativa de Decreto de Cancelación de Personalidades Jurídicas fue presentada el 22 de julio por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, como una respuesta a la solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), con la que acusan a estas oenegés de supuestamente haber faltado a leyes y normativas que rigen su actividad, asegurando que «han obstaculizado la labor de control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación». La solicitud fue aprobada por la aplanadora sandinista con 72 votos a favor.
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Esta medida no solo incluye la cancelación de su certificación legal, sino que también establece que los bienes y activos que pertenecen a las organizaciones afectadas pasan a ser «propiedad del Estado», si estas no contemplan la liquidación previa, ni se establece el destinos de los mismos.
Gobernación, también controlado por la pareja presidencial, detalló a través de la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, Franya Urey Blandón, el 15 de julio de 2021, en un documento remitido al presidente de la Asamblea, diputado sandinista Gustavo Porras, un informe en el que expresa los motivos para la medida. «Las 24 oenegés han contravenido lo establecido en la Ley 997, Ley de Lavado de Activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la normativa del Departamento de Asociaciones».
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También hicieron énfasis en que las organizaciones supuestamente no habían presentado los convenios con donantes sobre sus proyectos y actividades; ni los documentos de identidad de sus proveedores de fondos y soporte de ingresos.
Entre las organizaciones despojadas de personalidad jurídica se encuentra la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), integrada por unas 30 organizaciones de todo el país, que han sido críticos directos por el manejo de la pandemia por parte de la administración de Ortega, advirtiendo de las consecuencias de la pandemia, solicitando información clara sobre las vacunas, las fases de inmunización en el país y solicitando priorizar sectores vulnerables.
Esto se suma a las citatorias a médicos independientes por parte del Ministerio de Salud, amenazándolos con la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, por supuestamente «crear información falsa» en torno a la coronavirus. La amenaza es además de posible cancelación de la licencia médica.
Felicitaciones al gobierno de Nicaragua por sacar a esas lacras delincuenciales que financiaron el golpe fallido y no reportan quienes son los que los financian.
Bueno, entonces más razones para encarcelar a terroristas opositores que se esconden bajo la bandera yankee