La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene recluidos como presos políticos, en condiciones casi infrahumanas, a un total de 136 nicaraguenses que sufren encierro y maltratos dentro de la cárcel por pensar diferente al partido de Gobierno, segun la actualización-informe presentado este viernes, 16 de julio, por el Mecanismo para el Reconocimiento de la Persona Presa Política.
El informe detalla que, hasta el mes de junio del presente año eran 124 los detenidos por razones de conciencia, pero durante dicho mes se registró la excarcelación de una persona. Luego, en julio se agregan a la lista 13 personas detenidas, cuyos familiares han autorizado su incorporación.
Noticias relacionadas: Organismo español de derechos humanos exige a Ortega el cese a la represión
De acuerdo con el documento, son 136 personas presas políticas en el contexto de la crisis de derechos humanos originada en abril del 2018, y 10 personas detenidas previas al contexto de abril. De ellos, 100 enfrentan su primera detención política y 36 fueron recapturados.
«Entre el 14 de junio y el 14 de julio se tuvo registro de 30 detenciones con posibles vinculaciones políticas: 10 personas fueron puestas en libertad durante ese mismo período y al menos 20 permanecen detenidas», dice el informe.
El estudio explica que a partir de junio 2021 se ha registrado un incremento en el número de detenciones en el marco de una escalada represiva en contra de personas asociadas a liderazgos políticos o de sociedad civil y advierten que por la limitación de datos en registros oficiales y los obstáculos al acceso de la información, la cifra de personas que aún se encuentran detenidas puede no ser exacta.
Asimismo, en el informe, el Mecanismo explica que del total de 136 personas presas políticas a la fecha, 109 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 24 se presume están en la Dirección de Auxilio Judicial «Complejo Judicial Evaristo Vásquez», de Managua, aunque a la fecha no se ha podido constatar que efectivamente se encuentren ahí. Adicionalmente, 2 personas están en delegaciones de la policía municipales y 1 en arresto domiciliar.
Noticia relacionada: Raza e Igualdad urge la liberación inmediata de presos políticos en Nicaragua
Del grupo de personas presas políticas, reza el documento, 11 son adultos mayores, con edades comprendidas entre 60 y 73 años. La edad es un factor importante y preocupante, dicen los responsables del estudio, porque implica factores asociados y determinantes de enfermedades o padecimientos propios de la edad.
Asimismo, indican que la mayoría de presos políticos son padres y madres de familias y por tanto representan un apoyo importante en la economía de sus hogares. Ya sea a través del cuido de niños, niñas, ancianos, ancianas, o a través del aporte al ingreso familiar. Por lo que la condición de privación de libertad de presas y presos políticos tiene consecuencias importantes en la precarización de los cuidados, y de los medios de vida de sus familias.
Del total de personas presas políticas del contexto de abril 2018, al menos 10 se encuentran recluidas en celdas de castigo, aislamiento o en la Dirección de Máxima Seguridad. «Todas estas personas recluidas están en condiciones de reclusión diferenciada con acceso restringido a patio sol, ventilación limitada por ventanas y puertas empernadas, acceso diferenciado a comida e interacción con familiares».
Asimismo, el Mecanismo para el reconocimiento de la Persona Presa Política ha logrado constatar por diferentes vías que los presos políticos están siendo víctimas de interrogatorios prolongados y otras formas de castigos psicológicos y físicos, que constituyen formas de malos tratos y torturas. «El uso de estas formas diferenciadas de reclusión, en la mayoría de casos por periodos indefinidos, tiene el objetivo de desmoralizar a las personas presas y sus familias, así como también una estrategia de castigo y amenaza ante acciones de protestas», indican.
Noticia relacionada: Cenidh exige respeto a la integridad de los nuevos «rehenes» de la dictadura de Nicaragua
Adicionalmente, durante el periodo, se registró una práctica de aislamiento sistemática y negativa de recibir alimentos, para todas las personas detenidas durante el periodo, que se presume están en la Dirección de Auxilio Judicial. Desde sus detenciones nadie les ha podido ver, ni familiares ni defensores y defensoras, por tanto no se ha logrado constatar las condiciones de reclusión en las que se encuentran. Debido al hecho que desde sus capturas nadie les ha podido ver, ni familiares, ni defensores y defensoras, todas estas personas se encuentran en situación de desaparición por ocultamiento de paradero.
El estudio detalla que los malos tratos a personas presas políticas por parte del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), han sido constantes y variados. En la actualidad las principales formas de malos tratos y persecución a personas presas políticas y familiares consisten hostigamientos a personas encarceladas y sus familiares. Agresiones físicas y ataques por parte de civiles no identificados. Así como también amenazas a presas y presos políticos en sus celdas a través de la instrumentalización de presos comunes. Constantemente, familiares y personas presas denuncian que carceleros les amenazan con traslados a estas celdas ante negativas o reclamos por constantes tomas de fotografías u otras acciones en contra de su voluntad, así como medida de presión hacia sus familiares por sus denuncias públicas.
Noticia relacionada: Daniel Ortega amenaza con dejar en prisión a opositores: «¡No habrá ni un paso atrás!»
Además, de acuerdo con denuncias recopiladas por el Mecanismo, «se registran sistemáticamente agresiones sexualizadas, específicamente desnudos y tocamientos, tanto a presas y presos políticos, como a familiares que ingresan para las visitas. Esto se ha documentado como una práctica generalizada en los distintos centros penitenciarios a nivel nacional. La mayoría de los incidentes de agresiones sexualizadas documentadas se han perpetrado durante requisas a familiares al momento de ingresar paquetería, o durante la salida de las visitas de familiares. En los casos de agresiones sexualizadas a presas y presos políticos se han registrado casos durante revisión médica, en enfermería, o durante las constantes requisas en celdas».
También se les niega la atención médica oportuna y adecuada dentro de los penales, algunas de las personas recluidas se enfrentan al hecho de que dichas autoridades no permiten que sus familiares les suministren sus medicinas y tratamientos médicos.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michele Bachelet, ha advertido que los procesos judiciales de la última oleada represiva, ejecutada por la tiranía de los Ortega-Murillo, está «bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria», lo que supone «graves violaciones de las garantías procesales».