El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió al régimen de Daniel Ortega el respeto a la vida, la integridad física y psicología de los precandidatos presidenciales, líderes campesinos, sociales, políticos y empresarios capturados entre mayo, junio y julio de este 2021, sumando así 26 nuevos presos políticos.
La organización demanda a las autoridades policiales que permitan a los familiares y abogados poder ver a los prisioneros políticos y constatar el estado físico y psicológico en el que se encuentran.
«Alertamos a la comunidad internacional del incremento de la represión y el terror en #Nicaragua. El régimen ha destruido la posibilidad de elecciones y con ello la oportunidad de una solución democrática a la crisis nacional», expresó el Cenidh a través de su cuenta en Twitter.
Ante la ola de asedio, persecución y detenciones arbitrarias, los integrantes del Cenidh hicieron un llamado al pueblo nicaragüense a «derribar los obstáculos impuestos por el régimen Ortega-Murillo y rescatar la democracia, la justicia, la libertad y los derechos humanos». Asimismo, destacaron a través del hashtag, #NoNosCallarán #NoALaCriminalización, que seguirán realizando su labor.
26 nuevos presos políticos en 40 días
A finales de mayo, el régimen orteguista inició su «cacería», la incrementó en junio y a inicios de julio ha despuntado encerrando a líderes universitarios e integrantes del Movimiento Campesino.
Los primeros en la lista negra de la dictadura Ortega-Murillo fueron los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marco Fletes y Walter Gómez, posterior, en la primera semana de junio, redujo a arresto domiciliar a la expresidenta de la FVBCH y aspirante presidencial Cristiana Chamorro, todos acusados por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
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Los otros «rehenes» políticos son los otros cinco precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, este último secuestrado el lunes cinco de julio; todos acusados bajo la Ley 1055, «Ley de defensa de los Derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz», señalados de «traidores a la patria».
La lista de nuevos presos políticos continúa con empresarios, activistas y líderes universitarios, en la que resaltan el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro a la Alianza Ciudadana José Adán Aguerri y Luis Rivas, presidente ejecutivo del Banpro.

También están los integrantes de Unamos y disidentes del Frente Sandinista, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, así como los miembros de la Coalición Nacional y de la Unidad Nacional Azul y Blanco José Pallais, Violeta Granera.
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Los otros opositores y periodistas cautivos en El Chipote» son Miguel Mendoza, Pedro Joaquín Chamorro, María Fernanda Flores de Alemán, Lesther Alemán, Max Jerez, Pedro Mena, Freddy Navas y el chofer de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez.
Hasta la fecha, la justicia orteguista impide cualquier comunicación con los detenidos, más bien ha incrementado el asedio contra sus familiares y la prensa independiente. Además, la dictadura ha jurado que seguirá «investigando» y encarcelando a los que considere «enemigos de la patria».