El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) entregó este viernes, 16 de julio, su segundo informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua al que titularon ¡No nos callarán!, en el que plasman la represión sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento que sería presentado a finales de mayo para conmemorar el aniversario del organismo fue atrasado por más de un mes debido a la escalada represiva iniciada a finales de mayo de 2021, que ha dejado como resultado más presos políticos, exiliados, reacciones por parte de la comunidad internacional y la inhibición de candidatos a la Presidencia.
«El informe ¡NO NOS CALLARÁN!, recoge las acciones de terror y violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen Ortega-Murillo en su afán de permanecer en el poder. También, exalta el espíritu de resistencia de los nicaragüenses que, pese a los riesgos han persistido en su propósito de resistir y mantener la lucha a toda costa», añade el informe.
Recogen todo lo ocurrido en un año, situaciones que «se vieron agravadas con nuevas estrategias de represión como la aprobación de un paquete de leyes y reformas inconstitucionales y con la crisis provocada por el mal manejo de la pandemia del COVID-19 y de los desastres ocasionados por los huracanes Eta e Iota».
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Entre las normativas señalan la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada “Ley Mordaza”, la Ley 1055 o “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”; con la cual han apresado a opositores y cualquiera que no siga su línea ideológica. Además de la reforma del artículo 37 de la Constitución y establecimiento de la pena de prisión perpetua y la Ley de “Reforma y adición al Código Procesal Penal”, que establece un proceso de entre 15 y 90 días en prisión en lugar de las 48 horas que mandata el artículo 33.
Todo esto rumbo a las elecciones este próximo siete de noviembre de 2021, la comunidad internacional y los opositores a Ortega continúan demandando garantías, pero estas siguen sin ser respondidas y al contrario han cerrado caminos a las organizaciones políticas y a los precandidatos presidenciales que contaban con el mayor respaldo de la población.
Mal manejo de la pandemia
El informe a su vez recoge el manejo de un año de pandemia en el que las cifras han sido cuestionadas por médicos independientes y organismo internacionales de salud que demandan datos reales. El Cenidh denunció «todas y cada una de las absurdas acciones del gobierno ante la crisis de la pandemia como promover marchas y actividades masivas, obligar al personal de salud a visitar los hogares sin medidas de seguridad, el despido de miembros del cuerpo médico de los hospitales públicos por demandar medidas de bioseguridad, el mal manejo de las pruebas donadas por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)».
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El gobierno sigue en la jornada de inmunización que según médicos independientes no se ha manejado como debería, puesto que se deberían priorizar el sector salud como lo han hecho los demás países y mostrar datos específicos sobre el avance de esta jornada, por el momento se continúa inmunizando a personas mayores de 50 años. Este 17 de julio se conoció la entrada de un nuevo lote de Sputnik V con el que se mantuvo hermetismo en cuanto a la cantidad de dosis recibidas.
Incremento de la represión
Son más de 20 páginas en las que se recoge y evidencia los testimonios de las víctimas de represión y sus familiares, asesinados, encarcelados y exiliados políticos. Los testimonios de cada uno se adjuntan con imágenes de los hechos.
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El incremento de la represión a los medios independientes se ha intensificado, agresiones contra directores de medios, corresponsales, camarógrafos y periodistas se ha visto reflejada, por la fiscalía han desfilado una veintena de comunicadores algunos como testigos y otros con la intención de ser meramente vinculados a los casos imputados a opositores, principalmente el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el que se le acusa de supuesto lavado de dinero.
Los diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han demandado el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas como una garantía a los próximos comicios electorales.
