El régimen de Daniel Ortega ordenó el levantamiento del sigilo bancario y la inmovilización de cuentas de los opositores detenidos, informó la Fiscalía en su comunicado 021 emitido este jueves, 24 de junio.
«De lo cual se ha recibido respuestas de los bancos sobre la información financiera requerida», confirmó la entidad pública a cargo de la sancionada Ana Julia Guido.
Ortega tiene detenidos a a cinco aspirantes a la Presidencia de la República, activistas políticos, exguerrilleros sandinistas y exdirectivos de organizaciones no gubernamentales, entre ellos banqueros y empresarios, para un total de 20 personas detenidas en las últimas tres semanas, señalados de «traidores de la patria».
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El régimen continúa reproduciendo el mismo libreto en contra de quienes considera sus adversarios, al mandatar el levantamiento del sigilo bancario y congelamiento de cuentas, como lo hizo contra exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
La Fiscalía también comunicó al respecto que la tarde del miércoles, 23 de junio, se presentaron Ramiro Manzanares Ortiz, gerente general del Hospital Metropolitano Vivian Pellas, y Luis Arnoldo Martínez Aragón, quienes contestaron todas las preguntas sobre la «investigación» a Funides y luego de firmar el acta, procedieron a retirarse. Lo mismo pasó con Leslie Nora Castro Cardenal, quien fue requerida pero por el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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También estaba citado para hoy el periodista de Onda Local, Julio César López Chavarría, quien la Fiscalía señala de no haberse presentado «ni justificó su inasistencia, a pesar que la cita fue recibida por su mamá, la señora Mélida Chavarría».
La Fiscalía del régimen advierte que «las personas citadas ante el Ministerio Público y que no se presenten, deben acreditar su incomparecencia a través de medio verificable; quienes expresen estar fuera del país, deben hacer llegar certificación emitida por autoridad competente (Migración y Extranjería)».
A cinco meses de las eventuales elecciones generales previstas para el siete de noviembre, la dictadura recrudeció la persecución política y penal en contra de opositores, imponiendo cárcel a los precandidatos a la presidencia de Nicaragua Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, quien fue la primera aspirante presidencial detenida y quien se encuentra bajo arresto domiciliario.
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En los últimos días arrestó al cronista deportivo Miguel Mendoza y a la exdiputada liberal, María Fernanda Flores, esposa del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán. Todos con 90 días de detención judicial.
Organizaciones nacionales de derechos humanos señalan que, a la fecha, la cifra de presos políticos del régimen de Daniel Ortega supera las 130 personas.
