Cinco cubanos se suman a los nuevos nacionalizados por el régimen
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüense a cinco ciudadanos de origen cubano, según cinco resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería publicadas en La Gaceta, edición de este 24 de septiembre de 2026.
Las resoluciones, numeradas del 3439 al 3443, corresponden a Aníbal Portal Darias, Alejandro Valentín Roberto Luaces, Ernesto Hernández Caraballo, Melvin Oscar de la Rosa Rodríguez y Rigoberto Valdivia Pérez.
Las disposiciones establecen que los cinco adquirieron la nacionalidad nicaragüense mediante el procedimiento de naturalización. Las resoluciones consignan datos personales y profesionales de los beneficiarios.
Portal Darias es técnico medio en sistemas de radiodifusión y televisión. Luaces aparece únicamente como mayor de edad. Hernández Caraballo es identificado como ingeniero en telecomunicaciones y especialista en sistemas.
De acuerdo con la resolución 3442, Melvin Oscar de la Rosa Rodríguez es ingeniero en telecomunicaciones y nació el 30 de mayo de 1965 en La Habana. Mientras que Rigoberto Valdivia Pérez es identificado como luminotécnico, nacido el 20 de abril de 1953 en Guantánamo y residente en Managua.
Nicaragüenses despojados de su nacionalidad
Mientras el régimen sandinista concede la ciudadanía a extranjeros mediante procesos de naturalización, ha quitado la nacionalidad a cientos de ciudadanos por decisiones vinculadas a la persecución política.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra 453 nicaragüenses privados arbitrariamente de su nacionalidad y desterrados entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. De ese grupo, 153 fueron identificados como líderes políticos, sociales o defensores de derechos humanos y 44 pertenecían a comunidades religiosas.
También documentó que 133 de las personas desnacionalizadas eran beneficiarias de medidas cautelares de la propia Comisión y otras 107 tenían medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de la cancelación de su nacionalidad.
La CIDH señaló, en un informe publicado en 2025, que la nacionalidad es un derecho fundamental cuya privación arbitraria, especialmente por motivos políticos, contraviene las normas internacionales de derechos humanos.
La Comisión ha advertido además que estas medidas han estado acompañadas de confiscaciones de bienes, cancelación de registros civiles y pérdida de derechos para las personas afectadas.
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