El día domingo, 13 de junio, luego de haber detenido ilegalmente a cinco integrantes del grupo político Unamos (antes MRS), entre ellos tres exguerrilleros históricos sandinistas, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo pública una nota de prensa llamada “En defensa de la Soberanía Nacional y el Estado de Derecho”. Son 21 páginas llenas de justificaciones para su represión nombre de una supuesta defensa de la soberanía y del Estado de Derecho de Nicaragua.
El equipo Fact- Checking de REDACCIÓN ABIERTA clasifica este comunicado enviado a las embajadas acreditadas en Managua como falso y engañoso. El régimen trata de manipular el contexto y justificar sus acciones de los últimos días que suman 15 personas detenidas, entre ellas 13 líderes opositores, en los que sobresalen cuatro precandidatos presidenciales.
Noticia relacionada: Condena generalizada por detenciones de líderes opositoras en Nicaragua
Para iniciar, Nicaragua a nivel mundial se ubica entre los 10 países con el menor índice de Estado de Derecho. Con una puntuación de 0.39, al igual que Zimbabwe (119) y Pakistán (120). Al país se le adjudicó el puesto número 118 de un total de 128 países analizados, según el ranking anual 2020 del equipo de investigación del World Justice Project (WJP). En último lugar se ubicó Venezuela como el país con el Estado de Derecho más vulnerable.
Nicaragua también fue ubicada en el puesto número 127 de los países donde existe el mayor límite al poder gubernamental, con un total de 0.26 puntos, solo superado por Venezuela, que ocupó el puesto 128 con 0.17 puntos. En cuanto al respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, Nicaragua se ubicó en el puesto 116, al obtener 0.37 puntos.
Sobre la libertad en el acceso a la justicia civil, Nicaragua se ubicó en el puesto 120 con 0.38 puntos, lo que indica que en el país las personas no pueden “resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil”.
En el tema de la justicia penal –que considera a la Policía, defensores, fiscales, jueces, y personal penitenciario–, Nicaragua se posicionó en el puesto 121, con una puntuación de 0.29, solo superado por Myanmar (122) y Honduras (123). El peor evaluado fue Venezuela, con 0.18 puntos.
Noticia relacionada: Estados Unidos urge «acción clara» de la OEA contra dictadura de Nicaragua
Esto significa que Nicaragua es un país que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos internacionalmente y “no merece ser llamado un sistema de Estado de Derecho”.
El comunicado emitido por los Ortega-Murillo expresa varios elementos falsos y engañosos de los cuales se desprende lo siguiente:
- El financiamiento a los medios de “derecha”
El documento detalla que “el Ministerio Público de Nicaragua inició una investigación sobre los negocios de Cristiana Chamorro y su «Fundación Violeta Barrios de Chammorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH)», que recibió decenas de millones de dólares del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos”.
No solo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha recibido recursos de la cooperación internacional. De hecho, a lo largo de los años del Gobierno de Ortega han recibido una gran cantidad de dinero por parte de USAID para desarrollar programas de asistencia en las áreas de salud, educación e infraestructura. Entre el periodo de 2014 al 2019, el régimen recibió la suma de C$633,146,387.56 millones de córdobas como donación del gobierno de Estados Unidos.
Noticia relacionada: Rosario Murillo tilda de «rostros amargos y ácidos» a la oposición mientras exige «respeto» para su régimen
A partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, USAID ha tratado de canalizar su ayuda por medio de asociaciones con organismos no gubernamentales. Un claro ejemplo fue lo sucedido en noviembre del 2020: el gobierno central mostró la falta de asistencia y negligencia estatal a las comunidades afectadas por los huracanes Eta e Iota y USAID destinó $6.6 millones de dólares para las zonas afectadas a través del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (Unicef).
En una declaración pública, un vocero del Departamento de Estado rechazó las imputaciones de la Fiscalía de Nicaragua contra la periodista y exdirectora de esa ONG, Cristiana Chamorro y señaló que: “Como parte de nuestra supervisión regular (la agencia de cooperación) USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros propósitos”.
- Traición a la patria
“Es importante destacar que existen legislaciones similares en América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Europa y el resto del mundo y, además, los gobiernos tienen cero-tolerancia para delitos de esta naturaleza. Consideremos, por ejemplo, los artículos 2381 a 2390 del Código Jurídico de los Estados Unidos que contienen definiciones y castigos relacionados con los delitos de traición, promoción indebida de la traición, rebelión o insurrección, conspiración sediciosa, promoción del derrocamiento del gobierno, registro de organizaciones extranjeras, actividades que afectan a las fuerzas armadas en general, actividades que afectan a las fuerzas armadas durante la guerra y reclutamiento para el servicio contra los Estados Unidos; todos los cuales son procesados a nivel federal y pueden conllevar penas que van desde la muerte hasta la prisión, multas y la prohibición de postularse para un cargo de elección popular”, reza la nota de prensa del gobierno
Noticia relacionada: USAID niega que sus fondos se usaran para «lavado de dinero» a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
El régimen no puede hacer tal comparación con un país que sí tiene un verdadero Estado de Derecho. Además, Nicaragua no se encuentra en un contexto bélico. Por tanto, esta afirmación está fuera de contexto para poder justificar las últimas arbitrariedades realizadas a los líderes opositores con la aplicación de la Ley N° 1055, Ley Defensa de los Derechos del Pueblo, quienes han sido privados de su libertad sin orden judicial.
- Reformas electorales
“Las reformas electorales tuvieron por objeto garantizar la coherencia y la armonía entre la Ley Electoral y la Constitución a la luz de las reformas del año 2014, garantizando la igualdad de género, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, actualizando una cartografía electoral pertinente, fortaleciendo los procesos de registro civil, protegiendo los derechos de los partidos políticos y las alianzas políticas, y garantizando el respeto de los derechos de soberanía, autodeterminación e independencia nacional”.
Nicaragua no cumplió con la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) para “garantizar elecciones libres y justas”. La resolución hacía énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, e instaba a que el Gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.
Noticia relacionada: FSLN en campaña electoral «solapada», mientras arrincona por la fuerza a oposición
Sumado a eso, planteaba la necesidad de un registro abierto de nuevos partidos políticos; la revisión técnica independiente y actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes; una gestión transparente y eficaz del registro de votantes y de distribución de cédulas de identidad y centros de votación. Además de un recuento transparente y publicación de resultados en tiempo real.
El régimen se justifica diciendo que el nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) es representado por un tercio de los miembros de otros partidos políticos fuera del FSLN, los cuales son partidos colaboracionista y afines al régimen. Asimismo la persecución y encarcelamiento de sus posibles adversarios cierra por completo una salida electoral a la crisis sociopolítica.
- El caso del Partido Conservador y del Partido de Restauración Democrática
“El martes, 18 de mayo, se canceló la personería jurídica del Partido Conservador (PC), debido a que su representante legal presentó el 9 de mayo una resolución en la que decidía NO PARTICIPAR en el proceso electoral, lo que constituye una violación a la Ley Electoral, que establece «… la negativa a participar en una elección convocada es una causa explícita de cancelación de la personería jurídica de cualquier partido político»”.
“La personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), también fue revocada dado que este partido político no registró cambios realizados a sus Estatutos y Leyes”.
Tanto la cancelación de la personería jurídica del PC y la “revocación” al PRD fueron arbitrarias. En el caso del PRD fueron impugnados por diez pastores evangélicos que no pertenecían al partido y se logró demostrar que son afines al gobierno.
- Los “usurpadores” de la oposición
“Sin embargo, algunas personas que no se han registrado o no han sido seleccionadas como candidatas presidenciales de ningún partido político, han estado afirmando falsamente representar a la «verdadera oposición de Nicaragua», socavando los esfuerzos de los partidos políticos y tratando de descalificar a cualquier posible candidato que pueda surgir”.
Noticia relacionada: Régimen manda «cortina de humo» y cancela personalidad jurídica al Partido Conservador
El régimen califica como “verdadera oposición” solo a quienes ellos acepten como partidos políticos de oposición. Sin una verdadera reforma electoral no fue posible que otorgaran personerías jurídicas para la creación de nuevos partidos políticos que fueran representados por los nuevos rostros de la oposición, surgidos a raíz de la crisis de abril. Al representar un peligro para el régimen, el único camino que les quedó ha sido la descalificación de estas fuerzas políticas y sociales.
- La “interferencia en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua”
“Estos gobiernos también están cabildeando y presionando a los Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de aprobar resoluciones que interfieren en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua, en lo que sólo puede considerarse una grave violación de los Propósitos y Principios del Derecho Internacional, la Carta Democrática de la ONU y la Carta Democrática Interamericana”.
Nicaragua como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos tiene el compromiso de cumplir con todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana sobre todo el artículo 3 que expresa:
“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Pero como afirma Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua ante la OEA, en una entrevista a REDACCIÓN ABIERTA, que en el caso de Nicaragua este gobierno conoce perfectamente los mandatos, límites, debilidades y fortalezas, del sistema internacional. Y sigue jugando a eso, está desafiando al continente y al mundo.
- El “muro de contención”
“Dentro del hemisferio americano, Nicaragua es un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ya que continúa implementando su exitosa estrategia de muro de contención en conjunto con sus aliados en la región”.
Noticias relacionada: Ley Renacer, lista para ser aprobada el 22 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU.
Sin embargo, el 16 de marzo de 2021, el Almirante de la Marina Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de los EE.UU. declaró ante el Congreso del Comité de Servicios Armados del Senado que Nicaragua ha sido incluida en la lista de países considerados «una amenaza directa» para el gobierno de los Estados Unidos.
El Almirante sostuvo que “países como Cuba, Venezuela y Nicaragua que perpetúan la corrupción y desafían la libertad y la democracia al abrir la puerta a los actores estatales externos y redes del crimen organizado transnacional, son una amenaza directa para el territorio de EE.UU”.
- La migración irregular
En el documento señalan que “Nicaragua no contribuye significativamente a la migración irregular, ya que apunta a la creación de las condiciones necesarias para impulsar la producción local, promover la integración económica centroamericana y atraer inversiones que contribuyen a generar empleos para las y los nicaragüenses dentro de su propio país”.
Por lo tanto, en marzo de 2020, un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) declaró que “más de 100 mil personas han sido forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos reportadas en el país, tras dos años de crisis política y social”.
En una nota publicada este 14 de junio por La Prensa, destacan que la migración irregular de nicas a EE.UU. aumentó 670 % de enero a mayo de 2021.
- Las sanciones “crímenes de lesa humanidad”
“Finalmente, Nicaragua exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
Noticia relacionada: Régimen de Nicaragua, amargado por sanciones a Camila Ortega y otros funcionarios «clave»
En ninguna parte del documento mencionan el por qué son “ilegales” estas medidas y, mucho menos, el por qué son catalogadas por el régimen como crímenes de lesa humanidad usando como argumento la pandemia.
La nota finaliza con “las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.