El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue convocado con carácter de urgencia y se reunirá el próximo martes, 15 de junio, para abordar y tomar una decisión definitiva sobre la situación del Estado de Nicaragua, lo que podría implicar el avance en la aplicación del articulo 21 de la Carta Democrática interamericana, que establece la expulsión del país debido a que el gobierno de turno, en este caso el de Daniel Ortega, haya roto los procesos constitucionales y el orden democrático.
«La misión permanente de Canadá, en nombre de la misión permanente de Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, y en nombre propio, referente a la reunión especial del Consejo Permanente, que es acordado para considerar la situación de Nicaragua, de ser posible a más tardar el martes 15 de junio y tomar una resolución defectiva en torno al caso de Nicaragua», dice el comunicado publicado este viernes, 11 de junio, en el que se convoca a la reunión de urgencia del Consejo permanente de la OEA.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente dicha reunión el miércoles, nueve de junio, al tiempo que fue claro al referir que en Nicaragua se había roto todo orden constitucional y por tanto podría aplicarse del Artículo 21 de la Carta Democrática que establece que, al salirse de los causes democráticos un país miembro, puede ser expulsado de dicha organización.
La Carta Democrática Interamericana fue adoptada en septiembre de 2001 y otorga a los gobiernos «una brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros”, según la OEA.
En su artículo 21 dicha carta contempla que cuando se «constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, se tomará la decisión de suspender, a dicho estado miembro, del ejercicio de su derecho de participación en la OEA (…) La suspensión entrará en vigor de inmediato».
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El secretario general Almagro dijo durante una entrevista con CNN que, efectivamente, en Nicaragua sí hay una dictadura, la que ha quedado reflejada en la dura represión contra la oposición que deslegitima el próximo proceso electoral previsto para noviembre de 2021.
La dictadura de Daniel Ortega inició el dos de junio una cacería contra los precandidatos presidenciales que podrían poner en riesgo su permanencia en el poder y así, levantó acusaciones arbitrarias por supuesto lavado de dinero contra la precandidata Cristiana Chamorro a quien mantiene privada de su libertad en su residencia bajo un opresivo cordón policial. Además, Ortega ordenó meter a la cárcel a los precandidatos Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a los que acusa de atentar contra la soberanía nacional, según la Ley 1055 que el propio Ortega diseñó a su medida y mandó a aprobar con el fin de someter a la oposición.
La Dictadura de Daniel Ortega pide renuncia de Luis Almagro como Secretario General de la OEA. Foto/END
Además, fueron capturados y llevados a la cárcel bajo la misma acusación los activos dirigentes opositores Violeta Granera y José Pallais, de la Coalición Nacional, y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica, José Adán Aguerri.
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«El Gobierno de Nicaragua decidió deslegitimar la elección a priori, con el encarcelamiento y la persecución de los candidatos, precandidatos y de aquellos políticos opositores y disidentes», expresó Almagro a CNN.
Agregó que «por lo tanto, está deslegitimación previa implica una ruptura del orden democrático del país y una deslegitimación del proceso que viene por delante, del proceso electoral. Y por lo tanto, es necesario tomar acciones para dar respuesta a la respuesta que la ciudadanía nicaragüense necesita. La respuesta que el pueblo nicaragüense hoy, privado de sus derechos civiles y políticos, necesita».
