El Gobierno de Costa Rica pospuso el envío de su nueva embajadora en Nicaragua, Xinia Vargas Mora, a causa de la escalada represiva en el país contra la oposición, y también por los encarcelamientos a cuatro precandidatos presidenciales en menos de una semana, así lo dio a conocer el canciller Rodolfo Solano el nueve de junio.
La iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, conocida como «Ley Renacer» será sometida a votación el martes, 22 de junio. Con ello, vendrían más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.
«Las condiciones de convivencia y oportunidad han variado, y de momento el gobierno se encuentra haciendo valoraciones», señaló el canciller de la República de Costa Rica, al medio de comunicación CRHoy. La decisión de Carlos Alvarado Quesada se da ante la cacería de opositores que ha efectuado el régimen Ortega-Murillo, basándose en que los opositores son «traidores de la patria» y han violado la Ley 1055 o «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación».
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La diplomática Vargas Mora fue nombrada en marzo de 2021 por el gobierno costarricense y debió asumir el pasado primero de mayo su puesto en la embajada nicaragüense. Sin embargo, debido a la inestabilidad social y política en el país, se ha pausado su llegada.
La decisión se da cuando diputados de oposición, diplomáticos de carrera y excancilleres «repudiaran» el nombramiento de un nuevo embajador en Nicaragua, pues para ellos significa «legitimar» el régimen de Ortega, debido a que la hostilidad se mantiene desde abril 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica en el país.
Cabe destacar, que este cargo estuvo vacante desde agosto de 2018, fecha en que decidieron retirar al exembajador costarricense Eduardo Trejos por las razones antes expuestas.
Mientras tanto la comunidad internacional, al unísono, se ha pronunciado y rechazando las acciones violentas del Gobierno de Daniel Ortega contra la oposición, y demanda el cese de la represión, las libertades de los líderes encarcelados y la apertura para celebrar unas elecciones libres, creíbles y legitimas.
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En la misma línea, la tarde del 9 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas a personas allegadas al régimen de Ortega. Ahora forman parte de su lista negra Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional. También, impuso esa medida al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, a la hija de la pareja dictatorial y una de las que dirige el canal oficialista Viva Nicaragua, Camila Ortega Murillo, y al general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército, por lo cual, tiene que rendir cuentas ante el otro sancionado y jefe de esa institución, general Julio César Avilés.
Estas sanciones EE.UU. las impuso a consecuencia del incremento de la represión y encarcelamiento de líderes opositores, «las sanciones son el costo para quienes apoyan o ejecutan la represión del régimen de Ortega», sostuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken.
