La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la detención del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y el allanamiento a su vivienda. El opositor fue arrestado la noche del martes, ocho de junio, y está siendo investigado «bajo una ley ya cuestionada porque limita las libertades públicas de manera contraria a los estándares internacionales», señaló la organización en su cuenta de Twitter.
El Ministerio Público giró la orden de captura contra el exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), por los supuestos delitos bajo el artículo número uno de la Ley 1055, en donde se le esta investigando «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, (…) demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación», indica la nota de prensa de la Policía subordinada a la dictadura de Ortega-Murillo.
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La entidad internacional subrayó que este caso «es el cuarto caso de detención y allanamiento contra precandidatas y precandidatos presidenciales», y estos actos de represión contra los opositores no abonan a un panorama viable para efectuarse unas elecciones creíbles y legítimas, pues «intensifican la grave crisis de Derechos Humanos en el país y afectan seriamente la legitimidad del proceso electoral a celebrarse este año».
Por otra parte, la CIDH demanda al gobierno de Nicaragua parar la escalada represiva ante la oposición nicaragüense y respetar las libertades de los ciudadanos, «urge de manera inmediata el cese de esta persecución, la libertad de las personas detenidas y a dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas».
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Juan Sebastián Chamorro se suma a la lista de precandidatos a la Presidencia detenidos arbitrariamente por el régimen de Ortega, que pasa por encima de la Constitución Política para permanecer en el poder. A Chamorro, junto con el catedrático Arturo Cruz, quien fue detenido a su llegada a Nicaragua de Estados Unidos, y el politólogo Félix Maradiaga, que arrestaron minutos después de comparecer ante la Fiscalía General, la tiranía de Ortega Murillo los acusa de «traidores a la patria» basándose en su ley de “soberanía” que impuso su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional
Mientras tanto, a Cristiana Chamorro, vicepresidenta de La Prensa, el Ministerio Público le dictó casa por cárcel y la está investigando por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro.