Organizaciones empresariales privadas de la región centroamericana, que aglutinan a más de 50 mil empresarios, incluyendo al Consejo Consultivo de Integración Económica; cerraron filas en rechazo a las acciones represivas que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense, la empresa privada, la oposición política y la prensa independiente e hicieron un llamado al Gobierno a que cese la represión, que libere a los presos políticos, incluyendo a los precandidatos presidenciales; y que permita elecciones democráticas como una vía para ser reconocido como legítimo.
Los empresarios privados de la región insistieron en la liberación del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, quien se encuentra en las celdas de Auxilio Judicial bajo acusaciones de, supuestamente, promover la injerencia extranjera y pedir o apoyar sanciones económicas contra Nicaragua, de acuerdo con la Ley 1055 recientemente aprobada por los diputados subordinados a la dictadura.
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«El Comité Consultivo de Integración Centroamericana (CCIC), sostiene que los derechos humanos constituyen la base fundamental del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y que la democracia, desarrollo y libertad como un todo armónico e indivisible, orientará las actuaciones de los países centroamericanos», indica el organismo en un comunicado publicado este jueves 10 de junio.
Agregan que «con base a lo anterior demandamos la inmediata liberación de nuestro presiente José Adán Aguerri, representante de un órgano regional creado por los instrumentos legales de Centroamérica ya que este hecho atenta contra la institucionalidad, respeto a los derechos humanos fundamentales libertad, seguridad jurídica y democracia en Centroamérica».
El organismo, que es la entidad representante del sector empresarial centroamericano constituido según el ordenamiento jurídico regional, está integrado por 17 federaciones empresariales, 93 cámaras y asociaciones, aglutinan a más de 50 mil empresarios de la región. José Adán Aguerri es actualmente su presidente, por lo que demandó la «urgente intervención de la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) como entidad facultada para velar por los objetivos regionales y evitar cualquier situación que pueda afectar los principios de ese organismo o amenazar el ordenamiento institucional regional.
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Por su parte, la Federación de Cámaras de Industrias de Centro América, también emitió un comunicado en el que expresan que los procesos de inhabilitación política y la detención delos precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Arturo José Cruz Sequeira, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Juan Sebastián Chamorro, «son realizados por el Gobierno de Daniel Ortega de forma arbitraria, bajo el amparo de leyes inconstitucionales y procesos ilegales, lo cual representa un claro bloqueo a unas elecciones libres y justas».
Empresarios rechazan acusaciones de “golpistas” que les hace la dictadura de Ortega. Foto: Confidencial
Los industrales centroamericanos afirmaron que rechazan la forma en la cual el Gobierno de Nicaragua utiliza el sistema de justicia «para reprimir y desmontar el régimen democrático que establece la Constitución y la Carta Democrática Interamericana de la OEA».
«Exigimos se respeten los Derechos Humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos además del pleno ejercicio de un Estado de Derecho como obligaciones del Estado de Nicaragua. Apoyamos a los medios de comunicación independientes y solicitamos el respeto a la libertad de prensa, siendo un principio fundamental de la democracia. El sector industrial regional, representado por FECAICA, hace un llamado a la liberación de todos los presos políticos y exigimos al gobierno que se comprometa a asegurar las garantías democráticas para la realización de un proceso electoral libre, justo, transparente, competitivo y observado», planteó la organización empresarial regional.
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De igual forma, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se unió a las voces que piden la liberación de José Adán Aguerri Chamorro, así como la de otros presos políticos que han externado posiciones contrarias a las del actual gobierno en Nicaragua.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en un pronunciamiento compartido con sus pares de Nicaragua expone que «ante la situación política que se ha suscitado en la hermana República de Nicaragua expresa: que condenan enérgicamente la detención de José Adán Aguerrí, expresidente del Cosep y actual presidente de CCIE. Instamos al Gobierno de Nicaragua a la liberación inmediata de José Adán Aguerri, y los presos políticos, así como cumplir con las acciones necesarias para asegurar elecciones libres, justas y transparentes el próximo siete de noviembre».
Por su lado, la hondureña Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) publicó en su comunicado que «se une al llamado por una liberación inmediata de líderes empresariales nicaraguenses detenidos arbitrariamente, bajo procesos ilegales y leyes inconstitucionales producto de represión y persecución política. Condenamos los graves retrocesos democráticos que se están vislumbrando y que ponen en riesgo la estabilidad política, social y de inversión para todos los centroamericanos que anhelamos desarrollo, libertad y paz».
Además, por su cuenta, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en Nicaragua también sostiene en un pronunciamiento que las detenciones inconstitucionales «son obstáculos políticos para superar la crisis del país».
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«Las recientes detenciones e investigaciones penales en contra de nuestro expresidente del COSEP y presidente del CCIE, licenciado José Adán Aguerri, al igual que las detenciones de los precandidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo José Pallais; a los trabajadores Marcos Fletes y Walter Gómez; y las cancelaciones de la personalidad jurídica de los partidos PRD y PC, cuestionan la viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente. a aplicación inconstitucional de leyes y procedimientos ilegales violando derechos y libertades ciudadanas, son los nuevos mecanismos para erradicar cualquier alternancia a futuros gobernantes.
Como entidad gremial empresarial, demandamos una vez más el cese a la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y que se permita la celebración de elecciones libres y transparentes a como lo establece la Carta Democrática Interamericana a la cual estamos obligados», indican los empresarios nicaragüenses.
Alemania pide a la tiranía Ortega-Murillo «retire inmediatamente medidas represivas» contra precandidatos presidenciales y toda la oposición. Foto: Confidencial.
El gremio empresarial, reafirmó que están en el derecho de denunciar los abusos y arbitrariedades contra los nicaragüenses que piensan diferente al gobierno y que «esta represión tiene que cesar porque se deben garantizar nuestros derechos constitucionales. Este respeto a nuestros derechos inicia por la liberación de todos los presos políticos, y el restablecimiento a los derechos y garantías ciudadanas. Elevamos nuestra voz para que el pueblo de Nicaragua sepa que respaldamos a Cristiana (Chamorro), Arturo (Cruz), Félix (Maradiaga), Juan Sebastián (Chamorro), José Adán (Aguerri), Violeta (Granera), José Pallais y a los medios de comunicación independientes y a todos los detenidos que por razones políticas están tras las rejas».
Asimismo, aseguraron que se declaran en sesión permanente y que «estableceremos las coordinaciones con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense para trabajar unidos en función de una mejor Nicaragua».
Como nicaragüense azul y blanco obviamente estoy en contra de la opresión a todos los nicaragüense