A 90 días de privación de libertad bajo la figura de «detención judicial» fueron sometidos los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, los que fueron presentados ante la jueza orteguista del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias, Gloria Saavedra, quien, violando el debido proceso y el derecho a la defensa, dictó su decisión sin que estuvieran presente los abogados defensores de los ciudadanos. Los ciudadanos fueron secuestrados la noche del viernes, 28 de mayo, por civiles armados, según testigos.
En una nota de prensa emitida por la oficina de la vicedictadora y vocera gubernamental Rosario Murillo, quien demuestra tener el control del caso contra la FVBCH porque no permite que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial informen sobre el proceso, detalla que «la jueza décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, doctora Gloria Saavedra, resolvió este sábado, 29 de mayo, admitir la solicitud de ampliación a 90 días del plazo para investigar a los imputados Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, dentro de la causa que el Ministerio Público ha abierto en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro». La nota de prensa fue publicada en los medios de la propagada oficialistas.
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Los familiares de los dos exfuncionarios de la FVBCH se presentaron a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en compañía de sus abogados pero la Policía se negó a brindarles información sobre el paradero y situación legal de sus parientes; respuesta que también recibieron en los juzgados de Managua.
«Fiscalía es parte del sicariato de los Ortega-Murillo», dice movimiento UNAMOS, en solidaridad con Cristiana Chamorro. Foto: Internet.
«Los procesados Gómez Silva y Fletes Casco fueron conducidos la mañana del 29 de mayo a los Juzgados de Managua, donde fueron puestos a la orden del Juzgado Décimo Penal de Audiencias, para la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales», dice el comunicado oficial.
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El fiscal del Ministerio Público que representa a la dictadura en el caso contra los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios es Jean Dylan Rivas Falcón, quien le pidió a la jueza Saavedra que «por la gravedad de los delitos denunciados, por ser el delito de lavado de dinero, bienes y activos un delito de crimen organizado, existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación», por lo que le solicitó los 90 días de plazo para investigar de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal.
La la jueza del cuestionado sistema judicial de Nicaragua accedió a la solicitud de la Fiscalía, institución señalada de fabricar casos falsos contra opositores, y amplió el plazo para la «investigación y detención de los imputados, hasta el día 26 de Agosto de 2021.
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El régimen Ortega-Murillo impulsa una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero y otros activos contra la Fundación Violeta Barrios y su exdirectora, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Analistas políticos y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado que tras las acusaciones contra la aspirante presidencial se esconde la intención de la dictadura de inhibir a Chamorro Barrios que ha resultado la precandidata de mayor aceptación popular.
Una
Rosario Murillo le tiene panico a Criatiana Chamorro porque a Cristiana el pueblo la ama y a la Rosario el pueblo la detesta; y no quiere permitir su candidatura y por eso la quiere sacar de la jugada; ya que ella jamas va a llegar a ser presidente de Nic.por eso no permite que la Cistiana Chamorro sea candidata a la presidencia; porque si ella no lo fue; no quiere permitir que otra mujer lo sea; por arrogante e envidiosa.