La abogada Orieta Benavides y familiares de los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marcos Fletes y Walter Gómez, que fueron «secuestrados» por efectivos policiales y paramilitares el 28 de mayo por la noche, se presentaron a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Nuevo Chipote, para conocer el paradero y situación legal de los dos ciudadanos detenidos arbitrariamente, sin embargo, la institución se negó a dar información sobre ellos pasando por encima de la Constitución Política y las leyes penales de Nicaragua.
«Nos hicimos presentes para constatar si efectivamente tanto Marcos Antonio Fletes como Walter Antonio Gómez Silva se encuentran recluidos en las celdas de (Dirección de) Auxilio Judicial, para pedir información sobre su estatus (legal), su condición, su integridad física, de conformidad con la legislación que ampara a toda persona investigada por delitos. Queríamos saber si existe una acusación formal y que se nos diera una información acerca de ellos. Sin embargo, lo que obtuvimos fue una negativa, cerraron todas las puertas y no nos recibieron, no nos atendieron y por lo tanto no tenemos ninguna información sobre cada uno de ellos», dijo la abogada Benavides.
Noticia relacionada: Excontador y exadministrador de la Fundación Violeta Barrios siguen «secuestrados» por caso Cristiana Chamorro
La jurista indicó que también la esposa de Walter Gómez, exadministrador de la FVBCH, se hizo presente a la entidad policial, pero los uniformados tampoco brindaron detalles sobre el caso. «Presumimos que los tienen en Auxilio Judicial, pero no pudimos constatarlo, porque se negaron si quiera a recibirnos», explicó.
De acuerdo con denuncias de los familiares de ambos ciudadanos, a Walter Gómez lo capturó un numeroso dispositivo policial que se presentó a su casa y sin mostrar orden judicial allanó la vivienda y se lo llevó. En tanto, a Marcos Fletes lo capturaron civiles armados, presumiblemente paramilitares que trabajan coordinados con la Policía, y en medio de un violento operativo lo montaron en un microbús y también se lo llevaron. Los dos, junto con la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, están siendo investigados por el Ministerio Público que los acusa de supuesto lavado de dinero desde la FVBCH.
«Ante cualquier detención se debe garantizar sobre todo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser informado por los cargos por los cuales se les está investigando y acusando y también el derecho de comunicarse libremente con su defensor y con sus familiares y que se garantice el respeto a los derechos (de la persona detenida) y el trato digno de todo ciudadano», resaltó Benavidea a los medios de comunicación y agregó que están analizando las estrategias legales que van a seguir en el proceso.
Noticia relacionada: Ortega manda a congelar cuentas bancarias de Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano
Asimismo, la abogada que acompañaba a los familiares de los dos extrabajadores de la FVBCH secuestrados insistió en que la detención de los dos ciudadanos es arbitraria e ilegal por cuenta no mostraron ni orden de captura ni de allanamiento a la hora de ejecutar el operativo de arresto.
«No se les mostró a los familiares nada, ninguna orden de captura ni allanamiento, ni se les dio información para dónde los llevaban. Es una arbitrariedad porque en un proceso legal hay respeto de las garantías, de las leyes y se respetan los procedimientos y en este caso no se ha llevado como es debido según las leyes», lamentó la penalista.
Asimismo, los parientes de los secuestrados se presentaron a los Juzgados de Managua, donde supuestamente habrían llevado a los dos extrabajadores de la FVBCH para presentarlos en audiencia de garantías constitucionales sin embargo, tampoco en esa instancia judicial lograron que se les diera alguna información. «No se ha confirmado nada oficial. En el sistema informático del Poder Judicial no existe ninguna información de la situación legal de los ciudadanos», mencionó la abogada que es está haciendo cargo del caso.
Noticia relacionada: Fotoperiodista Carlos Herrera: «Están tratando de involucrarnos en un caso inexistente»
De acuerdo con la reforma al Código Procesal Penal (CPP), la adición del artículo 253, la audiencia de tutela de garantías debe celebrarse 48 horas después del arresto y en esa audiencia, el judicial debe informar la situación legal de los dos extrabajadores de la Fundación así como valorar si procede la aplicación de la «detención judicial» para continuar la investigación de un hecho punible y esa detención puede ser desde 15 hasta los 90 días sin que se presente una acusación formal.
Si a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro le aplican dicho artículo estaría siendo «técnicamente» inhibida porque la inscripción de candidatos vence el 2 de agosto.
Que Dios se encargue de detener a los títeres engendros del demonio.