El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, se reunió este 27 de mayo con altos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad de ese país del norte para analizar y evaluar lo que ha estado pasando en Nicaragua en las últimas semanas durante las cuales el régimen de Daniel Ortega ha impulsado una serie de acciones represivas contra la oposición y la prensa independiente que han agitado el país y han profundizado la crisis de credibilidad del recién anunciado proceso electoral.
«Me reuní en Washington D.C. con Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para las Américas y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) y evaluamos los últimos acontecimientos en Nicaragua», dice una publicación divulgada a través de la cuenta oficial del diplomático destacado en Managua.
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Los representantes del Gobierno de Joe Biden se refieren a los acontecimientos que han socavado las posibilidades de un proceso de elecciones libres y democráticas, según una publicación del Departamento de Estado, en la que destacan las acciones contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro que está siendo «imputada» por el delito de lavado de dinero y otros activos, además de los interrogatorios a más de una decena de periodistas independientes.
«Las acciones contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, así como las detenciones de periodistas, son otro alarmante paso hacia el deterioro de la democracia en Nicaragua. Las elecciones libres y justas se ven socavadas cuando los medios independientes están bajo asedio y los líderes de la oposición no pueden competir en esas elecciones. Instamos al régimen de Ortega a que cese su represión y permita a los nicaragüenses ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión. Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas», dijo a medios de comunicación el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
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A partir del 20 de mayo, el Ministerio de Gobernación de Daniel Ortega anunció que iniciaba una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por supuesto lavado de dinero, debido que había encontrado una serie de «inconsistencias en los informes contables» y en el mismo proceso involucraba a la exdirectora de esa organización de la sociedad civil y ahora aspirante presidencial Cristiana Chamorro. 24 horas después, la Fiscalía estaba citando a Chamorro Barrios para que compareciera ante los interrogadores de la Fiscalía para iniciar las investigaciones y junto a ella al menos una docena de periodistas han sido citados.
Ante tales acontecimientos, el Gobierno norteamericano anunció oficialmente, que consta en sus auditorías a los programas financiados con cooperación de su organismo oficial de Cooperación al Desarrollo Internacional (USAID), que los fondos que han proveído para la FVBCH no han sido utilizados para lo que el régimen de Daniel Ortega llama «lavado de dinero», y ahora altos funcionarios de Seguridad proceden a evaluar esos hechos.
