Ante la feroz arremetida represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente, involucrando a varios comunicadores en el caso de Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios, diferentes personalidades del ámbito nacional e internacional se han sumado a las expresiones de rechazo y condena contra las acciones del régimen que pretende silenciar las voces de los medios que le son críticos.
Uno de los que se pronunció fue el exdirector ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão. «En #Nicaragua se ordena inmovilizar cuentas bancarias de la líder de la oposición Cristiana Chamorro. También citan a dirigentes y periodistas de Radio Corporación, 100% Noticias y de la Fundación Violeta Barrios», denunció el defensor internacional de los derechos humanos haciendo eco de los últimos acontecimientos en los que la dictadura impulsa una investigación contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y la clausurada Fundación Violeta Barrios que cerró sus operaciones para no someterse a la arbitraria Ley de Agentes Extranjeros aprobada en 2020 por el régimen orteguista con el fin de atacar a las organizaciones de la sociedad civil.
Para este martes, 25 de mayo, fueron citados a Ministerio Público el director de Radio Corporación Fabio Gadea Mantilla, la periodista independiente que reporta para la cadena internacional Univisión, María Lilly Delgado, la exdirectora ejecutiva del canal confiscado arbitrariamente por la dictadura 100% Noticias, Verónica Chávez, y los periodistas extrabajadores de la FVBCH María Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, todos a brindar declaraciones en torno al caso de Cristiana Chamorro, en el que el Gobierno sandinista de los Ortega-Murillo pretende imputarle a la aspirante presidencial el delito de lavado de dinero en perjuicio del Estado y la Sociedad de Nicaragua.
Por su parte, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericana para la Democracia (IID), a través de su cuenta de Twitter tildó de «criminal» el proceso electoral que desarrolla el régimen de Daniel Ortega en medio del cual, para allanarse el camino hacia un fraude que le permita mantenerse el poder, es capaz de cometer cualquier crimen, entre ellos el intento de acallar las voces del periodismo independiente y someter mediante intimidación a la oposición y sus aspirantes presidenciales como es el caso de Cristiana Chamorro que es la precandidata que ha generado mayor opinión positiva dentro de la población.
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«En #Nicaragua se repiten los hechos para cada elección en #Cuba, #Venezuela,#Bolivia y en su momento en #Ecuador: cometen todos los delitos necesarios para perpetuarse indefinidamente en el poder y que el pueblo vote pero no elija. Criminal proceso electoral», dice el activista por la democracia.
De igual manera, el reconocido periodista de la cadena internacional Univisión, Jorge Ramos, publicó en su red social Twitter que el mundo está atento a los acontecimientos de Nicaragua y advierte que un ataque a un periodista «es un ataque a todos» .
«Estamos muy atentos de lo que ocurre en Nicaragua y de los intentos del régimen de Daniel Ortega por criminalizar a la prensa independiente y extender aún más sus años en el poder. Nada se puede esconder en esta época. Un ataque a una periodista es un ataque a todos», dice Ramos.
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La periodista que reporta para Univisión, María Lilly Delgado, fue citada este 25 de mayo a comparecer ante el Ministerio Publico (MP) para una «entrevista» relacionada con la investigación por supuesto lavado de Dinero que sigue el Gobierno contra la la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
El MP es una institución considerada la «fábrica» de la dictadura de los casos judiciales falsos contra la oposición y está bajo el mando de la fiscal general Ana Julio Guido, exguerrillera sandinista, excomisionada general de la Policía y leal seguidora del dictador Daniel Ortega.
En tanto, la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) emitió una nota de condena contra las acciones de criminalización contra comunicadores e hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega a detener su estrategia de inmiscuir a periodistas en luchas políticas.
Paralelo a las citatorias contra la periodistas y precandidata Chamorro Barrios y los otros comunicadores independientes, varios agentes de la propaganda gubernamental que trabajan en medios propiedad de la familia dictatorial han desatado una agresiva campaña de desprestigio y acusaciones contra otros medios y periodistas, mostrando incluso documentos que supuestamente incriminan a los comunicadores críticos del régimen. Entre los que más señalan a los periodistas se destacan los propagandistas, Roberto Zúñiga, de Canal 13, y José Miguel Fonseca, de Canal 4.
